La presidenta del Gremio de Transportistas Unidos de Piura, Teresina Menzala, señaló que el conflicto surge tras la solicitud de empresas concesionarias antiguas para anular la autorización de ocho nuevas compañías que actualmente ofrecen tarifas más bajas y atienden a zonas periféricas de Piura.
“No estamos confundiendo a la población. Nos hemos alertado porque las empresas concesionarias, que son las más antiguas, han presentado una solicitud ante la Municipalidad Provincial de Piura para que se anulen las autorizaciones a las nuevas empresas, con el argumento de que se generará caos vehicular, superposición de rutas y otros aspectos que nosotros desmentimos. Piura crece, y así como crece la ciudad, la necesidad del transporte también es eminente y debe atenderse”, comentó Menzala.
Llamado a la municipalidad
La dirigente instó a la Municipalidad de Piura a pronunciarse públicamente sobre la solicitud de anulación de rutas que está en trámite. Advirtió que no se puede permitir que un proceso de adjudicación ya iniciado quede sin efecto, porque esto generaría inseguridad jurídica para las empresas que han invertido en el sector.
“La municipalidad ya tiene que pronunciarse respecto al respaldo que debe dar a estas nuevas rutas, porque no se puede lanzar un proceso de adjudicación y luego dejar que este se vea mermado. Nosotros, como empresas autorizadas, no vamos a permitir que eso ocurra, pero también tenemos el firme compromiso de cumplir con toda la normativa del transporte”, sostuvo.
Críticas a la fiscalización
Menzala también cuestionó la lentitud en los trabajos de fiscalización de la Municipalidad Provincial, señalando que los argumentos sobre falta de personal no justifican la débil supervisión. Recordó que las empresas formales realizan inversiones y cumplen con los requisitos legales, mientras que las unidades informales circulan sin SOAT, sin revisión técnica ni paraderos autorizados, lo que pone en riesgo a los usuarios.
“Más que fiscalizar a las empresas formales, pedimos que se fiscalice a las empresas informales, porque son las que circulan ilegalmente, no cuentan con SOAT, revisión técnica ni paraderos, y aun así quitan espacio al transporte formal”, comentó.
Inseguridad en aumento
La presidenta del gremio también denunció la ola de extorsiones y atentados contra las empresas formales. Se refirió al caso de la empresa Sican Buss, cuyo bus fue incendiado en un ataque que pudo costar vidas humanas. Menzala no descarta que los ataques estén relacionados con la presión de transportistas informales para liberar rutas tomadas ilegalmente.
“Efectivamente, Sican Buss sufrió un atentado que pudo haber cobrado un sinnúmero de víctimas. ¿Qué hubiera pasado si las llamas del incendio llegaban hasta la vivienda cercana? Todo se hubiera quemado y podrían haber muerto muchas personas. Si bien la Policía Nacional nos apoya con visitas a nuestros terminales, esto resulta insuficiente”, afirmó.
Finalmente, la presidenta del gremio pidió dos medidas urgentes: acelerar la obra de la avenida Sullana, que junto a la de Don Bosco genera gran caos vehicular, y reforzar la fiscalización de la Municipalidad a concesionarias, autorizadas e informales para garantizar el cumplimiento del D.S. 017 y la seguridad ciudadana.
“Quiero pedir dos cosas: primero, que el Gobierno Regional dé celeridad a la obra y construcción de la avenida Sullana, porque junto con la obra de la avenida Don Bosco están generando un verdadero caos. Y segundo, que la municipalidad fiscalice de manera permanente tanto a las empresas autorizadas como a las concesionarias, para asegurarse de que todas cumplamos con el Decreto Supremo 017, porque eso es prioritario para la seguridad de todos los ciudadanos”, finalizó.
