El Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios del Perú (SINTRAP) inició una huelga nacional indefinida en los exteriores del penal ex Río Seco de Piura para exigir mejoras salariales y una bonificación por riesgo de vida. Los servidores denuncian desinterés del Gobierno y aseguran que son estigmatizados por los recientes casos de corrupción en el sistema penitenciario.
Walter Carrión Millones, secretario de Asuntos Regionales del Sintrap, señaló que la medida responde a la falta de atención del Ejecutivo frente a los constantes riesgos que afrontan los trabajadores del INPE.
“Hoy en día el servidor penitenciario es tomado como un chivo expiatorio por la Presidencia de la República. Todo lo malo que pasa es producto del servidor penitenciario […]. Pero dentro del Estado hay corrupción en distintos niveles, no solo en el INPE”, expresó el dirigente.
Carrión recordó que, en los últimos meses, varios trabajadores fueron víctimas de ataques dentro y fuera de los establecimientos penitenciarios. Mencionó que un agente fue apuñalado en el penal de Tumbes y que una trabajadora fue asesinada en la puerta del penal de Chincha.
Demandas del Sintrap
El secretario solicitó la creación de una mesa de diálogo multisectorial para discutir cuatro demandas principales, entre ellas la bonificación por riesgo de vida, que proponen sea de S/ 1,100.
“Desde el año 2013 no hay un aumento de sueldo justo para el servidor penitenciario. Somos 11,000 trabajadores a nivel nacional que clamamos justicia”, afirmó.
Durante la medida de protesta, los trabajadores impidieron el ingreso de fiscales, abogados y otros funcionarios al penal, lo que generó malestar entre los profesionales que tenían diligencias programadas. Carrión sostuvo que el sindicato notificó previamente a las instituciones competentes, por lo que no estarían incurriendo en ninguna falta.
“Nosotros hemos comunicado previamente a la Fiscalía, la Corte Superior, la Prefectura, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Trabajo. No estamos en conflicto con nadie, solo hacemos valer nuestro derecho de manera pacífica”, explicó.
Posibles consecuencias legales
Sin embargo, desde otro punto de vista, representantes del sector legal advirtieron posibles consecuencias. El abogado Bris Yauri, quien llegó al penal para realizar diligencias, señaló que la paralización afecta el desarrollo de procesos judiciales y podría tener repercusiones legales si no cuenta con la autorización correspondiente.
“El propio INPE conoce que aquí hay personas con prisión preventiva. Si se recortan las diligencias, los plazos se prorrogan y se perjudica a los internos. Además, si no hay una resolución que ampare la huelga, los funcionarios podrían incurrir en omisión de funciones”, explicó.
Falta de coordinación institucional
Yauri también indicó que las autoridades penitenciarias debieron coordinar previamente con el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Colegio de Abogados para evitar afectaciones al debido proceso.
La protesta del sindicato penitenciario continúa de manera indefinida en distintos penales del país, mientras los trabajadores esperan que el Gobierno atienda sus reclamos salariales y de seguridad.
