En un contexto de creciente descontento social y de cuestionamientos a las autoridades nacionales, la participación ciudadana vuelve a ocupar un lugar central en la vida política del país. Las recientes manifestaciones registradas en distintas regiones del Perú evidencian el hartazgo de una población que exige justicia, seguridad y respeto a los derechos humanos.
Marchar es un derecho, no una posición partidaria
La socióloga Lucía Alvites Sosa, especialista en temas de género y políticas públicas, y el economista Maximiliano (Maqui) Ruiz, exvicepresidente regional de Piura, coincidieron en que salir a marchar no implica tomar una posición partidaria, sino ejercer un derecho fundamental frente a un Estado que ha dejado de responder a las demandas del pueblo.
Durante una entrevista con Cutivalú, Alvites señaló que el país atraviesa una crisis estructural que afecta no solo a las instituciones políticas, sino también a la vida cotidiana de la gente. Explicó que las desigualdades, la corrupción y la violencia han deteriorado profundamente la confianza ciudadana, y que las calles se han convertido en el único espacio donde la población siente que su voz puede ser escuchada.
“Estamos en un momento donde la población está absolutamente harta de lo que está pasando. Harta de un modelo que se estructura en el crimen, en la corrupción, en las ejecuciones extrajudiciales y que te mata, por un lado, con un sicario disparando a un trabajador del transporte público, o con un policía de civil disparando a quemarropa a un manifestante. Esa es la situación en la que estamos”, sostuvo Alvites.
La protesta como expresión democrática
Por su parte, el economista Maqui Ruiz destacó que las movilizaciones ciudadanas deben ser entendidas como una forma legítima de expresión democrática, y no como un acto de confrontación política.
Explicó que, históricamente, el derecho a la protesta ha sido una herramienta fundamental para exigir justicia y denunciar abusos del poder. Sin embargo, advirtió que en el Perú la respuesta estatal sigue siendo la represión y la criminalización del disenso.
“Estamos en una situación muy grave, similar a épocas en las que el Estado no garantizaba ni siquiera el derecho a la vida. Por eso, la protesta es un derecho constitucional que permite a la ciudadanía expresar su inconformidad frente a las instituciones que han dejado de proteger sus derechos. En el Perú, sin embargo, la respuesta estatal sigue siendo la represión brutal”, afirmó Ruiz.
“Defender derechos es defender la vida”
Para Lucía Alvites, la movilización ciudadana no solo es una herramienta de reclamo, sino también de resistencia. Explicó que, en un país donde la desigualdad y la violencia son parte de la rutina, la protesta se convierte en una forma de defensa colectiva.
“Necesitamos seguir movilizándonos, seguir ejerciendo nuestro derecho a la protesta, porque lo que busca este nivel de violencia es atemorizar y disciplinar al pueblo para que no reclame sus derechos. Pero, pese a las amenazas, la ciudadanía sigue saliendo a las calles. Marcha, se protege, se organiza, porque entiende que defender sus derechos es defender la vida misma”, manifestó la socióloga.
Finalmente, Alvites hizo un llamado a las autoridades locales y regionales para que acompañen las demandas de la población y no se mantengan indiferentes frente a la crisis. Insistió en que el silencio o la pasividad también son formas de complicidad.
“El poder local ha cogobernado con el régimen y ha permitido que la violencia se mantenga. Qué distinto habría sido si los gobernadores y alcaldes hubieran tenido una posición firme de defensa ciudadana. Pero lamentablemente han preferido sonreír en las fotos y legitimar la represión antes que ponerse del lado del pueblo”, advirtió.
