Por: Oscar Altamirano, coordinador de Prensa de Cutivalú
La designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú representa, sin duda, una jugada estratégica del Ejecutivo que no puede pasar desapercibida ni quedarse sin un análisis crítico.
En un momento de intensa convulsión política y social, donde la ciudadanía exige transparencia, justicia y respeto irrestricto al Estado de Derecho, el nombramiento de Santiváñez genera serias dudas y preocupación respecto a la autonomía y la verdadera voluntad del gabinete para enfrentar los temas que más lo requieren.
Santiváñez llega en un contexto donde la ley de amnistía fue aprobada y puesta sobre la mesa como una herramienta polémica, a pesar de que protege a los violadores de derechos humanos. Y Santiváñez entra en escena, con una clara intención: respaldar y sostener la cuestionada ley de amnistía ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
«Con Santiváñez en el MINJUS, la ley de amnistía terminaría protegiendo a políticos clave, lo que pone en serio riesgo la persecución penal legítima. Esto sólo sembrará la impunidad en un país que clama por justicia»
Con Santiváñez en el MINJUS, la ley de amnistía terminaría protegiendo a políticos clave, lo que pone en serio riesgo la persecución penal legítima. Como es de esperar, esto únicamente sembrará la impunidad en un país que clama por justicia.
En cuanto a las investigaciones que involucran a la presidenta Dina Boluarte, la designación de Santiváñez parece un claro mensaje para blindar la figura presidencial ante procesos que podrían ser incómodos para Palacio de Gobierno. Su cercanía política y afinidad evidente con Boluarte generan suspicacias sobre su verdadera intención: ¿un ministro de Justicia al servicio de la justicia, o un abogado del Ejecutivo concentrado en preservar la impunidad? La defensa de los intereses del Estado —y más importante aún, de la justicia— debería ser irrestricta, pero en el Perú, los políticos se encargan de hacer todo lo contrario al respeto y al derecho.
«Existe el riesgo de que el Ministerio de Justicia se convierta en un instrumento para estancar las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte y su entorno. Y aquí, el primer blanco será la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza»
Los vínculos políticos de Juan José Santiváñez ponen en entredicho su compromiso real con una justicia independiente. Más que prácticas transparentes y reparación, existe el riesgo de que el Ministerio de Justicia se convierta en un instrumento para estancar las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte y su entorno. Y aquí, el primer blanco será la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
La intención será detener toda investigación que quiera realizar el Ministerio Público contra la jefa de Estado. Las movidas clave para ello se dieron hace semanas, con el retorno de Patricia Benavides como fiscal suprema. Todo se va acomodando a favor del pacto.
Otro peligro que representa Santiváñez para el Perú es su posición ante los compromisos jurídico internacionales. No debemos olvidar que el Ministerio de Justicia es clave en la relación del Estado peruano con organismos internacionales de derechos humanos. Es claro que mantener o retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es parte de la agenda de este gobierno nefasto. Es por ello que la designación de Santiváñez puede interpretarse como una señal alarmante hacia una posible ruptura con compromisos internacionales, una estrategia que los ciudadanos peruanos y la comunidad internacional deben vigilar de cerca.
¿Pero cuál es la función que debe tomar ahora el Congreso? Recordemos que Santiváñez ya fue censurado por el Parlamento. Sin embargo, los escenarios son distintos.
«La acción del Congreso debería ser firme y clara: o defienden la independencia del sistema de justicia y censuran a quien busca blindar al Ejecutivo, o siguen alimentando la descomposición institucional con su pasividad y clientelismos»
Cuando se le censuró, teníamos un caso de asesinato que quebró la pasividad social. Paúl Flores, un reconocido y apreciado cantante de Armonía 10, fue acribillado después de salir de un concierto. Esto terminó por desnudar la incapacidad de Santiváñez para detener la inseguridad ciudadana en el cargo de ministro del Interior, y obligó a los legisladores a pedir la censura de Santiváñez.
Pero, ahora, las piezas están a su favor. La presión social no es la misma. Y pocas personas consideran que leyes como la de amnistía marque una diferencia en su vida diaria, más allá de la falta de justicia para las víctimas.
El Congreso tiene, ahora, una responsabilidad fundamental: pedir la censura de Santiváñez. Lamentablemente, es probable que veamos a las bancadas de siempre -Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Somos Perú, Podemos- actuando de acuerdo a sus propios intereses, a pesar de la desconfianza ciudadana.
«La historia reciente del Legislativo peruano muestra a un Congreso envalentonado con sus enemigos políticos, pero indiferente en las grandes batallas democráticas, y con poca voluntad para enfrentarse al Ejecutivo»
La acción del Congreso frente a la designación de Santiváñez debería ser firme y clara: o defienden la independencia del sistema de justicia y censuran a quien busca blindar al Ejecutivo, o siguen alimentando la descomposición institucional con su pasividad y clientelismos.
Sin embargo, la pregunta de rigor es si tendrán la valentía política para hacerlo. La historia reciente del Legislativo peruano muestra a un Congreso envalentonado con sus enemigos políticos, pero indiferente en las grandes batallas democráticas, y con poca voluntad para enfrentarse al Ejecutivo.
«Lo que debemos comprender es que Juan José Santiváñez no es sólo un nombre más en el Ministerio de Justicia. Santiváñez es el símbolo de la impunidad y de la pugna por controlar el sistema judicial peruano»
Lo que debemos comprender es que Juan José Santiváñez no es solo un nombre más en el Ministerio de Justicia. Santiváñez es el símbolo de la impunidad y de la pugna por controlar el sistema judicial peruano. Su llegada podría significar el blindaje institucional necesario para proteger a los poderosos, en detrimento de la justicia y la lucha contra la impunidad.
La responsabilidad recae ahora en un Congreso que debe decidir si actúa en defensa de la República o si sigue siendo cómplice silencioso de un Ejecutivo dispuesto a retorcer las reglas del juego en favor de sus intereses.
