El proceso electoral de la UNP continúa en un escenario de incertidumbre tras la reciente anulación de la Resolución N.º 20. El abogado Óscar Durán y el candidato José Ordinola insisten en que detrás de esta decisión existe un intento por evitar un pronunciamiento judicial sobre las presuntas irregularidades cometidas en la anulación de los comicios.
En una entrevista, el abogado Óscar Durán informó que el Comité Electoral anuló la Resolución N.º 20, que dejaba sin efecto las elecciones ganadas por Ordinola, mediante la Resolución N.º 21. Sin embargo, advirtió que este acto podría ser parte de una estrategia legal para evitar que la jueza se pronuncie sobre la acción de amparo presentada.
Según la defensa, el amparo presentado no solo es la nulidad de la resolución N° 20, sino también una serie de pretensiones accesorias que buscan garantizar que se respete el resultado de las elecciones y que se retrotraiga el proceso al momento en que se vulneraron los derechos.
“Nosotros no estamos pidiendo solo la nulidad de la resolución 20; también buscamos que el juzgado ordene retrotraer el proceso, se continúe con el trámite y se respeten los derechos vulnerados, conforme a la medida cautelar vigente”, señaló.
Durán advirtió que la Resolución N.° 21 incluye disposiciones que, según afirma, podrían alterar el curso del proceso electoral al supeditar el avance del cronograma a criterios externos. El abogado sostiene que este mecanismo abre un margen de maniobra al Comité Electoral.
“Lo que han hecho es pedir una opinión interpretativa al asesor legal, y eso permite frenar la nulidad hasta que él decida cómo debe seguir el trámite; si esa opinión no es favorable, simplemente dejan todo como está”, mencionó.
Sin embargo, en medio de estas decisiones del Comité Electoral, el abogado señaló que existe una opción legal que podría impedir que se evada un pronunciamiento de fondo, pues el propio Código Procesal Constitucional obliga a la jueza a resolver incluso si la agresión cesa.
“Si ellos anulan la resolución, la jueza igual debe declarar fundada la demanda y precisar los alcances del agravio; eso demuestra que hubo una irregularidad y que no pueden volver a repetirla”, indicó.
Finalmente, por su parte, José Ordinola afirmó que este proceso podría consolidar un precedente sobre la defensa de los derechos constitucionales en la UNP y permitir la recuperación del orden institucional. Señaló que la comunidad universitaria espera una sentencia que dé estabilidad a la universidad e insistió en que seguirán confiando en la justicia para evitar que un solo grupo se perpetúe en el poder y garantizar el derecho de elegir y ser elegido.
