El trágico accidente que cobró la vida de una menor de edad en una unidad de la empresa informal U11 expuso las graves falencias en el control del transporte público en Piura. La informalidad en ómnibus, mototaxis y taxis colectivos continúa siendo un riesgo latente para los usuarios, pese a los operativos que anuncia la Municipalidad Provincial de Piura.
Gerardo Novillo González, gerente de Transportes y Movilidad Urbana, admitió que el municipio solo puede levantar actas de control y trasladar las unidades al depósito, una acción insuficiente frente al avance del transporte informal.
“Se está coordinando con el jefe de la policía para hacer un operativo conjunto con la policía de tránsito y Divincri, porque hay emigrantes sin brevete, sin tarjeta de propiedad, conductores y cobradores con RQ. Y a lo mucho lo que podemos hacer es poner un acta de control y llevar la unidad al depósito”, declaró.
Según Novillo, la situación ha superado la capacidad de respuesta municipal, por lo que se requiere un trabajo más firme y coordinado con la Policía Nacional para contener el transporte informal.
“Es un acto que está fuera de la vereda. Los depósitos están saturados y aplicamos el desplaqueo porque ya no hay espacio. Nosotros ya les quitamos, no tienen autorización; ahora es la policía de tránsito quien debe poner la papeleta”, indicó.
El funcionario subrayó que combatir la informalidad exige un esfuerzo constante, pues el problema abarca desde buses hasta mototaxis y taxis colectivos. En ese escenario, advirtió la dificultad de enfrentar a quienes operan en la clandestinidad.
“La informalidad es eso, es un acto delincuencial. El choro planifica cómo va a robar, acá ellos planifican cómo y dónde van a estar. Son situaciones difíciles al momento de intervenir”, afirmó.
Tras los cuestionamientos por las autorizaciones de rutas otorgadas sin concurso público, Novillo precisó que esas decisiones no se tomaron durante su gestión y aseguró que ahora revisan los permisos vigentes, además de proponer cambios a la norma.
“Yo no estuve cuando se dieron esas autorizaciones, pero ahora estamos corrigiendo. A las rutas que no cumplen con los requisitos se les está quitando el permiso y he propuesto que la ordenanza que las respalda sea revisada y mejorada por el consejo”, concluyó.
El accidente revela no sólo la vulnerabilidad de los pasajeros, sino también las limitaciones de las autoridades para controlar el transporte informal en Piura. Pese a los operativos municipales y policiales, la falta de un plan integral y preventivo mantiene a la ciudadanía expuesta a tragedias como la que arrebató la vida de la menor.
