El secretario adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Miguel Jugo, calificó como “desacato” la respuesta que la presidenta Dina Boluarte dio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la promulgación de la cuestionada Ley de Amnistía. De llegar a promulgarse la norma, 156 casos con sentencias firmes quedarían deshechos y más de 600 juicios pendientes evadirían un castigo.
Como se recuerda, el Congreso aprobó esta controvertida ley, con el objetivo de “perdonar” y liberar a los militares y policías que cometieron delitos de lesa humanidad y contra los derechos humanos.
Con ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al gobierno peruano no promulgar la ley, por actuar en contra de los derechos de las víctimas y de sus familias que esperan justicia. Sin embargo, la jefa de Estado rechazó el pedido de la CIDH, asegurando que “no somos una colonia ni un virreynato”.
Para Jugo Viera, la respuesta de Dina Boluarte comprende un desacato directo a la Corte Internacional, de la que nuestro país es parte. Además, Jugo sostiene como un peligroso precedente para la democracia y el Estado de derecho en nuestro país.
“Lo que hace Dina Boluarte es descato y los argumentos que está dando son baladíes. Es decir, señalar que nosotros no tenemos ningún compromiso es mentir. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos es parte de un convenio que el Perú ha firmado el año de 1978”, agregó.
¿A quiénes beneficiará?
Para el secretario adjunto de la CNDH, los principales beneficiarios de esta “ley de impunidad” serían militares procesados por graves violaciones a los derechos humanos, así como personajes ligados al fujimorismo y bancadas aliadas. Para acogerse a esta amnistía, los implicados deberán presentar una “excepción de amnistía” durante sus procesos judiciales, explicó el letrado.
“Los delitos de lesa humanidad son aquellos que en primer lugar son cometidos por agentes estatales. En segundo lugar, que tiene sistematicidad, es decir, que varias veces se comete. Y, en tercer lugar, se trata de delitos que son gravosos. Pero lo que dice la ley es que en el caso de estos delitos no prescriben, es decir, si después de que del plazo de prescripción se encuentra alguna prueba para juzgar a alguien, se puede hacer. Y eso es lo que quieren evitar”, comentó el secretario.
Los delitos de lesa humanidad que se verían alcanzados por esta ley incluyen homicidios calificados, torturas y desapariciones forzadas, cometidos de manera sistemática por agentes del Estado. Cabe recordar que este tipo de crímenes no prescriben y están sujetos a juicio, incluso décadas después de cometidos, precisamente para garantizar justicia a las víctimas.
Control difuso
Diversas autoridades judiciales han expresado su rechazo a la norma. La presidenta de la Corte Suprema, Janet Tello, y la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, señalaron en su momento que esta ley vulnera principios jurídicos fundamentales y que no debería aplicarse por jueces ni fiscales.
Sin embargo, una vez promulgada la ley, los operadores de justicia podrían ejercer el “control difuso” para evaluar su compatibilidad con la Constitución y los tratados internacionales. Es decir, los magistrados tienen la oportunidad de velar por los derechos de las víctimas y sus familiares.
“La presidente de la Corte Suprema y la fiscal de la Nación, la doctora Delia Espinoza, dan claramente señal de que esta ley es improcedente, es decir, no van a aplicarla, o no debieran aplicarla”, declaró.
Consecuencias para el país
Por último, Jugo Viera sostuvo que el impacto de esta ley podría ser grave y de largo alcance. Por ello, señaló que con la promulgación de esta Ley de Amnistía que pretende hacer Dina Boluarte, expone a que nuestro país sea sancionado a nivel internacional. Con ello, estaríamos al nivel de regímenes autoritarios, como los de Venezuela o Nicaragua.
Asimismo, el secretario adjunto alertó que la seguridad jurídica del Perú se vería seriamente afectada, lo que podría ahuyentar inversiones y debilitar la economía nacional.
También se comprometería la aspiración de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mientras que la credibilidad del país como defensor de los derechos humanos quedaría en entredicho.
El secretario advirtió que dejar a las víctimas sin justicia constituye una grave violación de sus derechos. Subrayó que los derechos humanos deben ser respetados para todas y todos los peruanos, sin excepción.
Los casos más sonados en este aspecto son los de Barrios Altos y La Cantuta, además de delitos de lesa humanidad, cometidos entre los años 1980 y 2000. De aprobarse esta ley, los familiares de las víctimas no tendrán justicia, debido a esta Ley de Amnistía.
Somos un Estado parte
Nuestro país forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos desde 1978, tras firmar el convenio para defender los derechos humanos de todos sus ciudadanos.
Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exige al Estado peruano cumplir con las normas establecidas, para no vulnerar los derechos de las víctimas.
