El megaproyecto de 105 asentamientos humanos, que abarca los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, inició formalmente su ejecución el 23 de septiembre, luego de meses de retrasos administrativos y legales que habían paralizado la obra.
Wilder Farfán Tarque, dirigente de Castilla e impulsor del proyecto, explicó que el contrato con el Consorcio Castilla se firmó en mayo, pero la supervisión y formalización se completaron recién en agosto.
“Hoy los asentamientos han crecido; muchos sectores que en 2018 tenían 100 lotes, ahora tienen 120 o más. Por eso necesitamos un nuevo expediente técnico basado en la realidad”, señaló Farfán.
Nuevo expediente técnico para actualizar información
El dirigente indicó que la elaboración del expediente técnico podría demorar alrededor de un año y medio. Este documento se desarrollará sector por sector, y permitirá actualizar información clave para la correcta ejecución del megaproyecto.
La inclusión de nuevos sectores, como Cieneguillo Sur, dependerá de que cumplan criterios técnicos específicos. Entre ellos se consideran la cercanía con las zonas donde se ejecutará el proyecto, la situación de saneamiento de los terrenos y la habitación efectiva de las viviendas, es decir, que al menos el 90% de los lotes estén ocupados.
“No se trata de caprichos ni intereses particulares; la empresa ejecutora decidirá qué se incluye en el expediente técnico y el ministro no puede determinarlo por fuera del marco técnico”, agregó Farfán.
Coordinación con comités sectoriales y transparencia
La polémica sobre la representatividad en el proyecto sigue generando tensiones entre dirigentes y autoridades. Según fuentes del comité sectorial local, los reclamos de ciertos grupos, como la FONOP, no han sido considerados por el consorcio, que prioriza la coordinación con los comités sectoriales reconocidos oficialmente desde 2018.
“Los que salen a protestar son los mismos representantes de la FONOP, pero el consorcio no coordina con ellos porque ya existe un marco legal y convenios firmados que reconocen a nuestros comités como actores sociales para la vigilancia del proyecto”, señaló el dirigente.
Farfán enfatizó que la ejecución del megaproyecto requiere la articulación directa con los presidentes de las juntas vecinales, reafirmando el compromiso de los comités con la supervisión activa y la transparencia del proceso.
Por último, Farfán advirtió que la continuidad del megaproyecto depende de la disponibilidad de recursos por parte del Estado. El seguimiento se mantendrá a través de los comités sectoriales legalmente reconocidos, garantizando que la obra beneficie a miles de familias en la región.
“Si el consorcio determina que el proyecto cuesta más por la inclusión de nuevos sectores, se necesita que el Estado priorice la ejecución y no ponga en riesgo la obra por cuestiones presupuestarias”, indicó.
