Los pobladores de las asociaciones Las Gardenias y Caminando de la Mano con Jesús y María, donde más de cien familias quedaron en la calle tras el reciente desalojo ejecutado por la Municipalidad de Piura, denuncian que el procedimiento fue arbitrario y anuncian que emprenderán acciones legales contra la comuna.
Según los moradores, el desalojo se realizó sin diálogo previo y sin abrir una mesa técnica que permitiera evaluar alternativas. Aseguran que la municipalidad amplió de manera repentina la vía que atraviesa el sector, modificando el plano urbano y cambiando la condición de los terrenos sin consultar a los afectados.
Por su parte, el abogado Carlos Aranda, representante legal de las asociaciones, anunció que iniciarán procesos administrativos para anular la sesión de concejo que amplió la vía y permitió esta arbitrariedad.
“La nulidad del acta que ellos aprueban la ampliación de esta vía de 12.80 metros y la amplían a 30 metros; ese es el primer paso. La modificación debió ser trabajada con la ciudadanía y más con quienes vienen ocupando los terrenos.”, señaló.
Aranda señaló que nunca se convocó a los vecinos, pese a que muchos viven en la zona desde hace más de una década y mantienen derechos adquiridos sobre sus posesiones, por lo que ya han procedido con denuncias penales contra los funcionarios municipales que resulten responsables.
“Hay denuncias penales que hemos iniciado contra el alcalde, el procurador y contra quienes resulten responsables. Son al menos cien familias, y ellos ocuparon el lugar hasta diez años antes de la modificación de la ampliación de la vía, entonces si les corresponde este derecho”, afirmó.
El abogado cuestionó, además, que la comuna incumpliera su propia propuesta de instalar una mesa de diálogo, anunciada en su momento por el procurador municipal Edson Montalbán Sandoval, que habría permitido a los vecinos presentar la documentación que acredite su permanencia en la zona.
“Nunca hubo esa participación de los ciudadanos. No es lo normal, lo legal es que cuente con la participación de los afectados para que puedan presentar sus descargos y apelaciones”, sostuvo.
Respecto a las acciones legales, Aranda adelantó que, además de los procesos administrativos, iniciarán una demanda civil por daños y perjuicios debido a la pérdida total del patrimonio de las familias, por lo que exhortó a las autoridades judiciales a intervenir para resguardar los derechos de los afectados.
Finalmente, el abogado cuestionó duramente la actuación del alcalde y lo acusó de vulnerar derechos fundamentales y actuar sin consideración hacia las familias afectadas. Señaló que este tipo de decisiones evidencia la falta de solidaridad de las autoridades y llamó a la ciudadanía a reflexionar sobre el comportamiento de quienes hoy ocupan cargos públicos.
