Más de 400 familias del asentamiento humano San Antonio, en el distrito Veintiséis de Octubre, viven momentos de preocupación tras recibir una orden judicial de desalojo que califican como arbitraria. Los vecinos aseguran contar con títulos de propiedad y partidas registrales, documentos que —según afirman— deberían impedir cualquier intento de expulsarlos de sus viviendas.
Vecinos protestan en la Plaza de las Tres Culturas
Cientos de vecinos y vecinas realizaron un plantón en la Plaza de las Tres Culturas, exigiendo la anulación de la medida. La protesta surge luego de que la jueza Diana Beatriz Zapata Miranda, de la Corte Superior de Justicia de Piura, emitiera una orden de desalojo que estaría próxima a ejecutarse con apoyo de la Macroregión Policial.
Dirigente denuncia irregularidades en el proceso
Odar Correa Tronco, presidente de la Junta Vecinal Comunal (Juveco), señaló que esta orden afectaría a familias de los asentamientos San Antonio, Ampliación San Antonio, Los Laureles y Ciudad de Dios.
“Nos ha llegado una orden de desalojo. En el fallo prácticamente se dispone proceder al desalojo de más de 400 hogares”, indicó el dirigente.
Correa confirmó que todos los terrenos fueron saneados y titulados por la Municipalidad Provincial de Piura y COFOPRI, entidades que validaron el dominio del Estado antes de otorgar la propiedad.
Denuncian uso indebido de un fallo por usurpación
El dirigente explicó que la denuncia que originó el proceso es un caso de presunta usurpación contra dos personas que antes vivían en la zona. Sin embargo, el fallo estaría siendo interpretado para justificar un desalojo masivo, pese a que los actuales moradores cuentan con documentos legales que los acreditan como propietarios.
“El fallo no dice que los denunciantes sean dueños del terreno. Ellos no tienen título de propiedad. Consideramos este fallo arbitrario”, agregó Correa.
Temor a un nuevo caso “Las Gardenias”
Los vecinos viven en la zona desde hace más de 14 años y muchos recibieron sus títulos recién el año pasado. Temen que se repitan hechos violentos como los ocurridos en el caso “Las Gardenias”, donde un desalojo terminó en enfrentamientos.
En el área existe un colegio en funcionamiento y un proyecto para la construcción de un polideportivo con expediente técnico avanzado por el Gobierno Regional de Piura, lo que, según los vecinos, hace aún menos viable la ejecución del desalojo.
Los moradores han iniciado coordinaciones con un abogado especialista y solicitaron una reunión con el general de la Macroregión Policial para el próximo lunes. Su objetivo es presentar toda la documentación que acredita la propiedad de los terrenos y evitar que se ejecute la orden judicial.
