Entre marchas, van por todo. La coalición corrupta conformada por Keiko Fujimori, César Acuña, Vladimir Cerrón, Rafael López Aliaga y Dina Boluarte, junto con sus seguidores, ha capturado casi todas las instituciones del Estado. Han colocado a sus operadores en la Defensoría del Pueblo, cuyo titular parece más un defensor de congresistas y ministros que del pueblo; han seleccionado como miembros del Tribunal Constitucional (TC) a personas que aprueban sin cuestionar las leyes dictadas por el Congreso; y han designado a miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) con el único propósito de garantizar su impunidad, al punto de tener un presidente de la JNJ acusado de agresión contra mujeres. El viernes 19 de septiembre de 2025 esta coalición extendió su influencia al Ministerio Público.
La coalición de cleptócratas que hoy gobierna el Perú, con su epicentro en el Congreso de la República, tomó el control de la Fiscalía de la Nación. La JNJ, brazo operativo de esta coalición corrupta, suspendió arbitrariamente a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. El argumento para su suspensión fue que Espinoza se negó a ejecutar la Resolución N.° 231-2025-JNJ, que ordenaba reponer a la cuestionada Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación. Nos preguntamos: ¿es delito negarse a cumplir una resolución plagada de irregularidades? ¿Deben ejecutarse resoluciones solo por ser emitidas, sin importar su legalidad?
La resolución que Espinoza se abstuvo de ejecutar presentaba múltiples irregularidades que la hacían inejecutable. En primer lugar, no fue firmada por todos los magistrados de la JNJ. La resolución solo contó con la firma de seis de los siete miembros del Pleno, excluyendo a Francisco Távara. Esto viola el artículo 213.5 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO LPAG), que exige unanimidad para nulidades de oficio en órganos colegiados, prohíbe abstenciones y requiere acuerdo unánime. La falta de unanimidad constituye una irregularidad que vicia el acto.
En segundo lugar, ausencia de la firma de la secretaria general de la JNJ. La resolución careció de la certificación formal de la secretaria, lo que genera dudas sobre su autenticidad y cumplimiento del Reglamento del Pleno de la JNJ. Críticos señalan que solo lleva la firma de uno de los miembros en aspectos clave, contraviniendo precedentes del Tribunal Constitucional (como la STC Exp. 1619-2023-PA/TC), que invalidan actos colegiados con firmas incompletas.
En tercer lugar, violación del reglamento del Ministerio Público en la elección de la Fiscal de la Nación. La JNJ se extralimitó al ordenar la reposición directa de Benavides, desconociendo la elección legítima de Delia Espinoza como fiscal de la Nación por la Junta de Fiscales Supremos (Acta N.° 1049 del 18 de octubre de 2024 y Resolución N.° 058-2024-MP-FN). Esto usurpa funciones exclusivas del Ministerio Público, contraviniendo su reglamento interno y su autonomía institucional, lo que podría configurar un abuso de autoridad.
Por estas tres irregularidades, Delia Espinoza actuó legalmente al no ejecutar la resolución. En consecuencia, su suspensión como fiscal de la Nación es arbitraria, caprichosa e inconstitucional. Los miembros de esta JNJ deberán enfrentar un juicio político en el futuro. Sin embargo, esto no ocurrirá con el actual Congreso, que se beneficia de la arbitrariedad de la JNJ. Será necesario esperar al próximo Congreso, cuya eficacia dependerá de las personas que elijamos para representarnos.
Si reelegimos a los congresistas actuales, se consolidará un reino de arbitrariedad e impunidad para los poderosos. Con la suspensión de Delia Espinoza y la posible reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, el Ministerio Público quedará al servicio de la impunidad y la corrupción. La captura del Ministerio Público se suma a una serie de acciones políticas que favorecen la impunidad de quienes ostentan en el Perú poder económico o político. Ejemplos de esto incluyen la ley de amnistía, la ley APCI que prohíbe brindar apoyo legal a familias pobres en juicios contra el Estado, la ley que impide hacer públicos los delitos de policías y políticos, y el archivo sistemático de denuncias constitucionales contra la presidenta, Manuel Merino, ministros y congresistas.
En un Estado así, la justicia nunca llegará a las personas pobres. La agonía del Perú como Estado se prolongará por muchos años más. La república que legaremos a nuestros hijos será la de un Estado fallido, con riesgo de fragmentarse aún más. Ese es el rumbo al que nos conduce esta coalición corrupta.
