
La agencia especializada de Naciones Unidas (UNODC) estima que a nivel mundial hay 2.5 millones de víctimas de trata de personas cada año y calcula que por cada víctima identificada existen 20 más que no lo son. Así se expuso durante una mesa redonda organizada por la ONG Manos Unidas, en donde especialistas de España, Bolivia y Perú expusieron las realidades de sus países sobre el delito de la trata de personas, así como los avances y desafíos pendientes para fortalecer la prevención, la atención a víctimas y la incidencia legislativa. La actividad contó con la participación de Xisca de Casal Petit (Hermanas Oblatas Palma), Marta de Fundación Amaranta, representantes de CECASEM en Bolivia y Ortelia, de Cutivalú – Perú.
Captación en aumento: mujeres migrantes y ofertas fraudulentas marcan la tendencia en España y Bolivia
De acuerdo con Scarlen Lobatón, de CECASEM, en Bolivia las falsas ofertas laborales y becas de estudio son formas de captacion frecuentes para la trata de personas. Sostuvo que organizaciones criminales como Tren de Aragua ha utilizado ese país como ruta de tránsito y punto de captación de víctimas, agravando el contexto de riesgo.
En este sentido, añadió que las mujeres latinoamericanas migran buscando mejores oportunidades laborales, pero la falta de redes de apoyo y su debilitado estatus migratorio las coloca en extrema vulnerabilidad. A este escenario se suma la captación digital, cada vez más presente en redes sociales y plataformas virtuales
Por su parte, Marta Gonzales, representante de Fundación Amaranta, refirió que España es territorio de tránsito, destino y origen de víctimas de trata, tanto en su dimensión externa como dentro de sus propias fronteras. Las mujeres migrantes y en situación de extrema vulnerabilidad continúan siendo las más afectadas. La especialista advirtió que las personas captantes utilizan estrategias como endeudar a las víctimas a través de préstamos ilícitos, que posteriormente se convierten en mecanismos de sometimiento y explotación.
Factores comunes: violencia de género y desigualdades estructurales
Tanto Scarlen Lobatón como Marta Gonzáles coincidieron en que la trata de personas se sostiene sobre factores compartidos en la región: violencia de género, pobreza, discriminación, entre otros. Otro aspecto relevante es que, en muchos casos, los tratantes son personas cercanas a las víctimas, como vecinos, familiares o amigos, lo que dificulta aún más la detección y denuncia Información mesa de diálogo.
Para Marta Gonzales, las políticas de protección de los gobiernos deben centrarse en evitar cualquier forma de revictimización y garantizar procesos efectivos de reinserción social para las sobrevivientes, mediante atención psicológica, acompañamiento legal y oportunidades reales de autonomía económica.
Ambas especialistas destacaron la necesidad de brindar información clara, canales de denuncia oficiales y acompañamiento legal y administrativo a las mujeres que deciden migrar, como parte de una estrategia de detección temprana y protección integral Información mesa de diálogo.
Desafíos en articulación institucional
La Magtr. Ortelia Valladolid, coordinadora de Incidencia y Desarrollo de Cutivalú, recalcó que a nivel nacional el Ministerio Público reporta 6 casos de trata de personas al día. Sostiene que una de los principales factores de riesgo es la corrupción, que incrementa el riesgo para las víctimas y dificulta los procesos de investigación y sanción.
Ante esto y como respuesta a la articulación entre las instituciones del Estado y la Cooperación Internacional, la especialista subrayó la importancia de fortalecer las mesas e instancias multinivel, como las comisiones distritales, provinciales y regionales, para articular una respuesta más efectiva. Asimismo, se planteó consolidar un sistema de protocolos compartidos y capacitaciones conjuntas entre entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil, con enfoque de derechos humanos para evitar la revictimización.
La representante de Cutivalú también sostuvo el rol preventivo que pueden asumir las universidade. «A través de convenios con universidades, se pueden incorporar investigaciones, cursos y campañas de comunicación sobre trata de personas, especialmente orientadas a las nuevas modalidades de captación digital», propuso.
En otro momento, Valladolid refirió que Las especialistas advirtieron que el presupuesto limitado del Estado para casas de acogida y atención fiscal contribuye a la revictimización, por lo que la academia puede ser un aliado clave en incidencia y prevención Información mesa de diálogo.
Uno de los vacíos señalados es la falta de recursos en regiones como Piura, donde los refugios y servicios de asistencia aún son insuficientes. Para ello, se planteó fortalecer alianzas con ONGD como CHS Alternativo para la capacitación de fiscales y operadores locales Información mesa de diálogo.













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