El Sindicato de Trabajadores del Centro Juvenil de Rehabilitación Miguel Grau en Piura, continúan en su segunda semana de huelga. Esta medida de fuerza que se realiza a nivel nacional, busca exigir al Ejecutivo la atención ante lo que consideran una grave crisis en el sistema de rehabilitación juvenil y el abandono de sus demandas laborales.
Segunda semana de paralización nacional
El secretario general del sindicato, Jorge Alvarado Álamos, explicó que en la paralización iniciada el pasado 8 de diciembre, los trabajadores vienen denunciando desde falta de personal especializado, bajos sueldos, el hacinamiento de jóvenes infractores y deficiencias estructurales, situación que —advierte— impide una adecuada rehabilitación.
“Nosotros estamos en una paralización desde el 8 de diciembre de manera indefinida, porque ya hemos venido haciendo serios pronunciamientos desde junio (…) tratando de llamar la atención a las autoridades para que le presten atención a los centros juveniles”, señaló.
Rechazo a la propuesta del Ejecutivo
Uno de los principales cuestionamientos del sindicato está dirigido al proyecto del Ejecutivo que plantea reemplazar el actual sistema por la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), con una eventual fusión con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Según el secretario, esta propuesta no cuenta con un respaldo presupuestal ni técnico que garantice mejoras reales.
“Estamos en contra porque no tiene sentido (…) con el mismo presupuesto que está asignando es imposible hacer una reforma adecuada. Queremos una reestructuración en los centros juveniles”, manifestó Alvarado, al advertir que actualmente el centro juvenil de Piura alberga a más de 150 jóvenes con solo tres psicólogos y cuatro docentes.
El dirigente también alertó que en Piura más del 60 % de los internos son mayores de edad que continúan recluidos junto a menores, lo que refleja una problemática que se viene arrastrando desde hace varios años dentro de los centros juveniles.
Pese a la huelga, los trabajadores aseguran que se vienen garantizando los servicios esenciales y el resguardo mínimo de los internos. Sin embargo, advirtieron que la medida podría radicalizarse si las autoridades mantienen su silencio frente a los reclamos planteados.
“El presidente no nos hace caso. Ya llevamos varios días de huelga y nadie ha tenido la delicadeza de decirnos qué es lo que quieren (…) No levantaremos la huelga y vamos a radicalizar más”, afirmó.
Finalmente, los trabajadores también hicieron un llamado a las autoridades locales y regionales, así como a la Defensoría del Pueblo y al Congreso, para que intervengan ante lo que consideran una situación insostenible. “Hasta ahora ninguna autoridad, ni siquiera un alcalde, un gobernador, ninguna autoridad viene, (…) hemos cursado documentos para que no solamente se preocupen para internarlos, sino también que se preocupen en qué condiciones ellos van a llevar su rehabilitación”, concluyó Alvarado.
