Por: Oscar Altamirano, coordinador de Prensa de Cutivalú

La suspensión irregular que dispuso la Junta Nacional de Justicia contra Delia Espinoza en el cargo de Fiscal de la Nación representa un verdadero signo de alarma para la democracia peruana. Esta medida, tomada en un contexto de creciente presión política, revela no solo la fragilidad institucional de nuestro sistema, sino también el peligro latente de que el poder político manipule a las instituciones encargadas de impartir justicia y fiscalizar el poder.

Este episodio marca un punto crítico con consecuencias que podrían ser graves y de largo alcance para el equilibrio del Estado y, sin duda, se reviste de una impunidad altamente escandalosa, que proviene desde el pacto político que existe entre el Congreso y el Ejecutivo.

El brazo operativo de este pacto ha quedado confirmado de manera abierta frente a la coyuntura y pugna de poder: la Junta Nacional de Justicia, quien es la responsable de evaluar, designar y sancionar a jueces y fiscales para que realicen un trabajo independiente.

«El brazo operativo de este pacto ha quedado confirmado de manera abierta frente a la coyuntura y pugna de poder: la Junta Nacional de Justicia»

La Junta Nacional de Justicia es la institución que se encarga ahora de hacer el trabajo sucio para el pacto. Y aunque su presidente, Gino Ríos Patio, es un sentenciado por violencia familiar contra su esposa; este magistrado sigue a la cabeza de una institución que debería impartir justicia.

A pesar de que instituciones como ésta deben actuar con autonomía y respeto al Estado de derecho, lo que vemos ahora es una concertación de lealtades oscuras y conveniencias arteras, que buscan frenar las investigaciones contra congresistas, ministros, políticos y altos funcionarios de este gobierno.

En definitiva, la Junta Nacional de Justicia ha perdido su rol como garante de autonomía, respeto y protección de la institucionalidad. La Junta Nacional de Justicia ya no debe seguir en pie ni un minuto más, pues su actuar sólo responde a los intereses del Congreso y del Poder Ejecutivo.

Pero la crisis y captura institucional no se limita al Ministerio Público. El Poder Judicial también está en la mira del Congreso y el Ejecutivo. El contrapeso político y jurisdiccional que han realizado valientes magistrados frente a la ley de amnistía -por poner un ejemplo- puso freno a normas inconstitucionales, prevaleciendo el respeto a la Constitución. Pero esta autonomía también ha generado que el Congreso y el Ejecutivo lo coloquen como un nuevo blanco, como una institución a la que hay que tomar y desbaratar. Y ésta es una amenaza directa.

«La JNJ ha perdido su rol como garante de autonomía, respeto y protección de la institucionalidad. La JNJ ya no debe seguir en pie ni un minuto más, pues su actuar sólo responde a los intereses del Congreso y del Poder Ejecutivo»

La presión que ejerce el pacto sólo busca controlar o condicionar las decisiones judiciales. Esto refleja una tendencia regresiva que compromete la división de poderes, base fundamental de la democracia. Nuevamente podemos mencionar la ley de amnistía, recordando que el actual ministro de Justicia, el cuestionadísimo Juan José Santiváñez, censurado ya antes en el Ministerio del Interior, ya amenazó a los jueces de denunciarlos si se niegan a aplicar esa ley de impunidad.

Esta injerencia y prepotencia política pone en riesgo la independencia judicial, indispensable para la protección de los derechos humanos y para la garantía de procesos justos. Si los tribunales comienzan a ceder ante presiones externas, retrocederemos a épocas en las que la justicia era un instrumento al servicio de intereses particulares. Este escenario implica riesgos profundos para la democracia peruana.

«Cuando la justicia no goza de autonomía y es parte del juego político, la impunidad se institucionaliza y la confianza ciudadana en las instituciones se desploma»

En el caso de la irregular suspensión de una fiscal independiente como Delia Espinoza envía un mensaje claro a otros servidores públicos: la defensa de la justicia frente a la corrupción tiene un costo alto y puede ser socavada desde dentro del propio Estado. Cuando la justicia no goza de autonomía y es parte del juego político, la impunidad se institucionaliza y la confianza ciudadana en las instituciones se desploma.

Estamos a pocos meses de iniciar un proceso electoral y nuestro país transita por un momento crítico. La lucha anticorrupción, la separación de poderes y la institucionalidad están en jaque. La presión conjunta del Congreso, la Junta Nacional de Justicia y el Ejecutivo para controlar al Ministerio Público no solo constituye una amenaza para quienes persiguen el delito, sino para toda la institucionalidad democrática.

La sociedad civil, los jóvenes, sobre todo, y los actores políticos sensatos y moralmente comprometidos, deben exigir que las instituciones recuperen autonomía, imparcialidad y fortaleza. Dejar que esto continúa sólo generará un daño irreversible a nuestra democracia, hasta el punto de desaparecerla.