El sistema electoral peruano, integrado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE y el RENIEC, enfrenta una crisis presupuestaria crítica de cara a los próximos comicios regionales y municipales. El abogado especialista en temas electorales, Juan Carlos Álamo, advirtió que la falta de aproximadamente 589 millones de soles vulneraría funciones esenciales que el Estado está obligado a ejecutar para garantizar un proceso transparente.
La ausencia de fondos afectaría directamente la fiscalización de las hojas de vida de los candidatos, la labor educativa en zonas remotas y la capacidad de la RENIEC para entregar documentos de identidad (DNI). Álamo enfatizó que el mayor peligro no es una intención de dolo, sino la incapacidad operativa.
«Se pone en riesgo que el proceso electoral se cumpla y más no por un tema de intención de realizar un proceso fraudulento, sino por falta de logística».
Además, el especialista señaló que sin presupuesto para contratar fiscalizadores provinciales y distritales, no habrá quién supervise la neutralidad estatal ni el cumplimiento de las normas por parte de los candidatos. Según Álamo, esto podría derivar en una elección que no cumpla con las garantías mínimas.
«¿Qué pasaría cuando el elector obligado o no quiere ir a las urnas, pero no tiene su DNI a la mano? (…) ¿Qué tipo de elección tendríamos? (…) Una elección que no cumple con las garantías que de verdad el Estado está en obligación de ejecutarlas».
Otro punto de preocupación es la posible extensión de los plazos para la proclamación de resultados. La falta de personal jurisdiccional para revisar actas observadas o calificar listas podría retrasar la transferencia de gestión a las nuevas autoridades, impidiendo que asuman el 1 de enero como corresponde.
Álamo advirtió sobre el peligro de quebrar la seguridad jurídica del proceso. «Mal haría de verdad, por falta de presupuesto, alargar un proceso electoral que ya tiene un cronograma y que nos veamos, obviamente quebrando (…) porque simplemente no hubo presupuesto».
Finalmente, hizo un llamado al Congreso de la República para que priorice la asignación de estos recursos, señalando que un proceso que brinda garantías es, en última instancia, una inversión en la transparencia democrática del país
