A través de un fuerte comunicado, doce obispos y cardenales del país criticaron la actual ley de amnistía, hecha por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo de Dina Boluarte.
Entre los religiosos se encuentra el obispo de Chulucanas , Cristóbal Mejía Corrales, y el cardenal de Lima, Carlos Castillo, entre otras autoridades eclesiales.
Con versículo de la biblia, señalando «aprendan a hacer el bien, busquen la justicia», los obispos lamentaron que con esta ley, este gobierno desconozca los derechos humanos de los ciudadanos y la falta de acceso a la justicia de los deudos.
«Invitamos a los actores políticos a dejar de lado toda actitud de rivalidad», señala el texto .
Asimismo, los hombres de fe manifiestan que esta ley es contraria a la justicia y fomenta la impunidad de los delitos de lesa humanidad, como las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, las violaciones sexuales y la tortura.
«Estos delitos, que recibieron sentencia firme de tribunales nacionales, son reconocidos como tales por convenciones y sistemas internacionales de protección de derechos humanos que el Estado peruano suscribió en su momento», exponen.
Los obispos también recalcan el valor de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional al servicio del bien común. No obstante, refieren que está amnistía perpetra impunidad para aquellos agentes que cometieron diversos delitos contra los derechos humanos.
«Inapliquen la norma«
Así también, los representantes de la Iglesia peruana piden a los jueces del Poder Judicial a inaplicar esta ley de amnistía, haciendo ejercicio constitucional del control difuso.
«Nos sumamos a aquellos que piden a los honorables magistrados del Poder Judicial que (…) inapliquen esta ley que genera impunidad frente a delitos de grave crueldad», invocaron los obispos.
Este comunicado es firmado por diversos obispos y cardenales del país.
Como se recuerda, Dina Bolaurte promulgó sin ningún problema la ley de amnistía, a favor de los agentes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comitès de Autodefensa, muchos de los cuales son investigados por haber cometido delitos contra los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Con esta norma, los investigados podrán pedir al Poder Judicial una exoneración para quedar fuera de los procesos investigativos. Sin embargo, los magistrados también tiene la facultad constitucional de inaplicar esta cuestionada ley, a través del control difuso.
