
Alrededor de 200 efectivos policiales llegaron este último jueves a la asociación Las Gardenias, en el distrito de Piura, con la orden de desalojar a 30 familias que ocupan el lugar desde hace 14 años, sin embargo, el operativo fue suspendido tras acordarse una mesa de diálogo en la que los vecinos presentarán la documentación que respalde su permanencia.
Los pobladores denuncian que el 19 de septiembre recibieron un comunicado firmado por el procurador municipal Edson Montalbán Sandoval, que les daba tres días para abandonar el terreno, pese a que según la moradora Grimanesa Calle Dioses, el actual alcalde Gabriel Madrid los respaldaba en tiempo de campaña electoral.
“Nos llegó un documento del procurador, pero sin sello de la municipalidad. Ahora la policía está formada. Me indigna que Gabriel Madrid mande policías y maquinaria cuando él nos pedía apoyo, venía a muchas reuniones, ahí sí existíamos, sí servíamos”, denunció Grimanesa.

Los habitantes aseguran que su permanencia en el lugar cuenta con antecedentes de diálogo y con el respaldo tanto de la autoridad municipal como del actual gobernador regional, Luis Nayra.
Otro grupo de moradores aseguran no ser invasores y afirman haber comprado los terrenos a particulares por montos de entre 6 y 7 mil soles cada uno. Y ante la versión de que se les habría ofrecido reubicación en otra zona, la vecina Vilma Alama rechazó tajantemente esa información.
“Nosotros no somos invasores, a nosotros nos han traspasado Educadores y Magnolias. Ahora nos quieren botar después que nos ha vendido y se ha comido nuestra plata (…) Tambien es mentira que nos dieron una propuesta de reubicación”, señaló.

En medio de la expectativa por el desalojo, una comisión de vecinos acudió a la Municipalidad de Piura para buscar un acuerdo que abriera el diálogo con las autoridades. Esta gestión logró frenar temporalmente la medida, ya que se aceptó instalar una mesa de diálogo donde los moradores presentarán la documentación que respalde su permanencia en el lugar.

Finalmente, tras el comunicado de las autoridades municipales, el contingente de alrededor de 200 policías se retiró de la zona. Por su parte, el procurador confirmó que en los próximos dos días se instalará una mesa de diálogo para revisar la documentación y resolver los aspectos técnicos pendientes. Una vez que estos puntos queden esclarecidos, se procederá de ser el caso con la recuperación de las vías, lo que implicaría el desalojo definitivo del área ocupada.













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