Hoy quiero hablarles de algo que nos tiene que doler y preocupar a todos y todas. En este marzo, mes de la mujer, hemos visto en Piura una serie de eventos significativos: ferias donde nuestras emprendedoras piuranas brillaron, charlas sobre liderazgo y resiliencia, reconocimientos a su talento. Todo esto nos llena de alegría y nos muestra la fuerza imparable de las mujeres en nuestra región y en nuestro país. Son avances, son pasos hacia adelante que celebramos con el corazón.
Pero, a veces, la alegría se mezcla con una profunda preocupación. Y es que mientras celebramos estos logros, hay sombras que amenazan con opacarlos, con arrastrarnos hacia atrás más de lo que hemos retrocedido en estos tres años. Me refiero a una noticia que ha remecido al país: la impactante cifra de 51 candidatos, sí, 51 personas sentenciadas por violencia familiar, que pretenden llegar al Congreso de la República.
Piensen un momento en esto. ¿Cómo es posible que quienes han ejercido violencia en el hogar, contra su propia familia, aspiren a legislar y a representarnos a todos y todas las peruanas? Esto es más que un error; es un golpe bajo a la confianza ciudadana y a la ardua lucha por los derechos de las mujeres. Cuando permitimos que personas con estos antecedentes lleguen al poder, estamos enviando un mensaje terrible. Estamos diciendo que la violencia familiar, un delito que destruye vidas y familias, no es tan grave.
Estamos normalizando lo inaceptable. ¿Qué mensaje les damos a las víctimas de violencia, a esas mujeres que con tanto coraje denuncian a sus agresores? Les decimos que el sistema, a veces, les da la espalda y premia al victimario. Esto no solo genera desconfianza, sino que puede hacer que muchas mujeres sientan que denunciar no sirve de nada. Es una revictimización dolorosa.
Y no nos engañemos, la responsabilidad de este grave problema es compartida. Por supuesto, los candidatos son los primeros responsables al postularse con esos antecedentes. Pero también lo son los partidos políticos que no tienen filtros rigurosos para elegir a sus postulantes; que prefieren llenar una lista antes que asegurar la idoneidad moral de quienes nos representarán. ¿Dónde está la ética y el compromiso con la sociedad que tanto pregonan? También hay una responsabilidad de las instituciones electorales y del Congreso. Si las leyes actuales no son suficientes para impedir que gente así nos represente, entonces se tienen que cambiar, ¡y rápido! No podemos seguir con «lagunas» legales que permitan estos retrocesos.
Amigos de Cutivalú, no debemos permitir que los avances que con tanto esfuerzo muchas personas de la sociedad civil y muchos buenos funcionarios y funcionaria hemos logrado en Piura y en todo el Perú se vean empañados por estos retrocesos. Es tiempo de que, como ciudadanos y ciudadanas, nos informemos a fondo. Que leamos las hojas de vida de los candidatos y candidatas. Que exijamos a los partidos políticos y a nuestras autoridades electorales que actúen con la firmeza y la seriedad que el momento amerita.
La lucha por los derechos de las mujeres es una lucha por la justicia, por la igualdad y por un futuro mejor para todos y todas. No dejemos que estas sombras empañen la luz de los avances. La violencia no tiene cabida en ningún espacio, ¡y menos en el Congreso de la República!
