La construcción de la nueva sede de la Municipalidad del distrito Veintiséis de Octubre, valorizada en más de S/ 26 millones, continúa avanzando pese a que el terreno figura en Registros Públicos como zona de uso recreacional. La Contraloría General de la República advirtió que el proyecto se ejecuta sin el cambio de uso correspondiente.
Inscrito como uso recreacional
El predio de 3327 m², ubicado en la H.U.P. Micaela Bastidas, fue inscrito para fines recreativos. Sin embargo, la comuna distrital inició la obra y recién después intentó regularizar la situación ante la Municipalidad Provincial de Piura y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), entidades que rechazaron el pedido.
La contraloría ya advirtió
Tras el último informe que emitió la Contraloría, en el que advierte una presunta irregularidad en el uso del terreno, el dirigente del distrito, Abraham Parrilla, sostuvo que la población ya había alertado esta situación incluso antes del inicio de la obra; sin embargo, aseguró que las autoridades no atendieron sus advertencias.
“Este terreno está inscrito en los Registros Públicos como uso recreacional y debieron solicitar el cambio de uso antes de empezar […] Ellos no hacen caso a la ley, están por encima de la norma”, afirmó.
El dirigente también cuestionó que no se haya considerado el terreno ubicado en la avenida Grau, donde actualmente funciona la sede municipal, el cual —según indicó— está inscrito como uso gubernamental y cuenta con mayor extensión. Afirmó que dicho predio reunía las condiciones técnicas y legales necesarias para albergar la nueva infraestructura edil.
En ese contexto, el dirigente pidió a la Contraloría y a la Procuraduría que inicien acciones judiciales para determinar responsabilidades.
“La ley está por encima de las autoridades. Estamos en un Estado de derecho y no puede ser que se continúe con una obra cuando los órganos técnicos ya han dicho que no se puede construir ahí”, enfatizó.
Anuncian acciones legales
Parrilla informó que los dirigentes han presentado documentos ante el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, la Contraloría, la Procuraduría, Bienes Nacionales y la Municipalidad Provincial, entidades que —según afirmó— les han dado la razón en sus observaciones técnicas y legales.
Asimismo, advirtió que continuarán con acciones administrativas y legales. “Vamos a seguir en esta lucha, no vamos a claudicar […] tarde que temprano esto va a ser sancionado”, expresó.
Mientras tanto, la estructura de concreto sigue levantándose en un terreno destinado al esparcimiento público, en medio de cuestionamientos legales y advertencias formales que ponen en riesgo una inversión que supera los S/ 26 millones.
