El Congreso de la República gobierna hoy el Perú. De la infructuosa plancha presidencial de Pedro Castillo no queda absolutamente nada. Dina Boluarte y Vladimir Cerrón se encargaron de ceder el poder al fujimorismo, al acuñismo y a sus aliados de derecha, con la consecuencia de la destrucción de la democracia peruana.
Cedieron el gobierno a cambio de impunidad. Hoy, el país es gobernado de facto por Keiko Fujimori, César Acuña y José Luna, a través de sus bancadas congresales, que han conformado una coalición mafiosa. Esta alianza ha llevado a una degeneración moral del Estado, similar a las peores épocas como la del fujimorismo de los años 90. Y hoy, muchos de estos congresistas buscan el voto para llegar al Senado, con el objetivo de mantener el poder y garantizarse impunidad permanente. El Perú como nación no les interesa en lo más mínimo.
Peor ya no podemos estar. Los estudios internacionales clasifican al Perú como una “democracia imperfecta”: un Estado sin equilibrio de poderes, sin instituciones autónomas fuertes, sin mecanismos reales de participación ciudadana y sin normas que lo protejan de la delincuencia. En pocas palabras, carece de gobernanza efectiva. Se trata de un sistema dominado por un Congreso mafioso: más de 100 congresistas enfrentan denuncias fiscales por delitos que van desde el robo de sueldos a trabajadores, malversación de fondos públicos, tráfico de mujeres, hasta violaciones de derechos humanos.
Esta composición explica la tolerancia hacia la violencia contra niñas, mujeres y la vida de los peruanos y peruanas en general. Un sistema gobernado por delincuentes y abusadores de mujeres tolera el intercambio de sexo por votos en el Congreso, sexo por contratos en Palacio de Gobierno, la exposición pública de niñas víctimas de violencia sexual y la impunidad en cientos de casos de víctimas de violencia sexual en la Amazonía.
Hablo de hechos concretos:
- La presunta red de prostitución en el Congreso, destapada en 2024-2025 tras el asesinato de Andrea Vidal. Mujeres contratadas irregularmente prestaban favores sexuales a congresistas y funcionarios a cambio de votos en mociones, proyectos de ley o contratos públicos. Se organizaban fiestas privadas con fotos y videos comprometedores, posiblemente para extorsión. La investigación fiscal parece estancada o archivada.
- El caso de presunto tráfico de influencias en Palacio de Gobierno bajo el presidente interino José Jerí. Varias mujeres jóvenes obtuvieron contratos en entidades públicas tras visitas nocturnas o prolongadas a Palacio. Hay vínculos con fiestas privadas y sospechas de prostitución encubierta con fondos del Estado. La Fiscalía investiga, pero el escándalo avanza.
- La congresista Milagros Jáuregui expuso públicamente a niñas víctimas de violencia sexual en su refugio, revictimizándolas. Ella ha hecho que se retroceda décadas en la equidad de género.
- La reducción de presupuesto que llevó al cierre temporal de fiscalías en Condorcanqui, poniendo en riesgo más de 800 juicios por violaciones a niñas awajún y wampis.
Estamos ante un gobierno que tolera —y en algunos casos parece normalizar— la violencia hacia la mujer y toda clase de taras morales que destruyen la legitimidad del Estado ante la ciudadanía. El político debe ser moral y legalmente intachable. Una sociedad que tolera y normaliza la violencia sexual, la corrupción y los delitos contra la vida está condenada a reproducir la violencia desde la familia hasta las estructuras del Estado, con el riesgo final de destruir la unidad nacional. Si usted sabe que su partido o candidato/a tiene denuncias por delitos graves y aun así lo vota, el problema no está solo en el Estado, el candidato o el partido: el problema es usted, que no valora las buenas costumbres, el buen gobierno ni su orgullo como peruano/a. Es su responsabilidad saber elegir a las personas idóneas para el gobierno. Su voto vale.
