La decisión del Congreso de ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026 generó duras críticas desde los gremios técnicos y especialistas, quienes advierten que la medida no corrige las fallas del proceso de formalización. Por el contrario, esta quinta ampliación sólo profundiza la informalidad y la debilidad institucional del Estado, señalan los expertos. Será este jueves 18 de diciembre en que el Congreso evaluará su aprobación definitiva.
Para Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el Reinfo es un “instrumento fracasado que no ha cumplido con su finalidad”. Gálvez sostiene que la prórroga confirma un patrón que se arrastra desde hace más de dos décadas: “es un mecanismo concebido como un puente hacia la formalización, pero que hoy funciona como un régimen que legitima la informalidad”.
Impacto en la institucionalidad del sector
Según advirtió el empresario, esta decisión impacta en la institucionalidad del sector minero y transmite al inversionista formal un mensaje preocupante sobre la debilidad del Estado.
Pese a la crítica generalizada del sector técnico, el presidente José Jerí respaldó la prórroga de un año –y no por dos– al señalar que recoge “gran parte, por no decir casi todas, las recomendaciones del Ejecutivo”. No obstante, Gálvez cuestionó esta decisión y sostuvo que normalizar ampliaciones sucesivas del Reinfo solo “retrasa la modernización de la pequeña minería, un proceso que el país debió completar hace años”.
Sólo se buscan votos
Para el exdecano del Colegio de Economistas de Piura, Raúl Martínez, la reciente ampliación del Reinfo tiene un claro componente político-electoral. Según dijo, está orientado a evitar protestas sociales en el corto plazo antes que enfrentar el problema de fondo de la minería informal.
“Claramente, se busca ganar tiempo y evitar conflictos sociales en la antesala electoral”, sostuvo Martínez, indicando que esta lógica sacrifica soluciones estructurales a cambio de estabilidad temporal.
El especialista alertó que la prolongación de este régimen, sin una fiscalización efectiva, ha facilitado la expansión de actividades ilícitas en distintas regiones del país, donde la ausencia del Estado ha sido aprovechada por organizaciones criminales.
“Un Reinfo mal fiscalizado se ha convertido en una fachada legal que facilita economías ilegales”, afirmó, al mencionar riesgos como el lavado de activos y la trata de personas en zonas mineras.
Martínez también cuestionó que, tras más de una década de vigencia, los resultados del proceso de formalización sigan siendo mínimos, lo que evidencia el fracaso del instrumento. “Si después de tantos años la mayoría sigue sin formalizarse, es claro que el mecanismo está fallando”, subrayó.
El economista advirtió que seguir administrando la informalidad mediante prórrogas solo agravará el problema y trasladará una crisis mayor al siguiente gobierno. “El país debe decidir si construye un Estado que ordena o si acepta que la ilegalidad siga gobernando”, puntualizó.
