Los vecinos y vecinas del asentamiento humano Santa Rosa 1, en el distrito de Castilla, denunciaron un presunto intento de desalojo que se habría intentado ejecutar sin notificación previa ni información oficial. La comunidad asegura que vive en la zona desde hace más de diez años y que está en proceso de formalización para lograr su titulación.
Según los dirigentes, la población se enteró de manera extraoficial de que la Procuraduría buscaba recuperar cerca de 3.9 hectáreas del área que hoy ocupan. La noticia generó preocupación inmediata porque ningún vecino había sido informado sobre el motivo de esta medida.
El representante de la Asociación de Vivienda Santa Rosa 1, Josué Silupu Durán, explicó que la solicitud se habría tramitado sin número de oficio y sin garantizar su derecho a defensa. El dirigente recordó que cuentan con una constancia de posesión emitida en 2015 por la Agencia Agraria, además de servicios básicos instalados con recursos propios, como electrificación formal, agua y viviendas de material noble.
Silupud consideró la posible intervención como un acto “arbitrario” y anunció que la comunidad ya ha presentado advertencias y documentación ante la comisaría de Tacalá, la Defensoría del Pueblo y otras entidades públicas. También señaló que solicitarán medidas legales para evitar cualquier desalojo programado para enero.
Los vecinos informaron que, tras realizar consultas en Sunarp, no se encontró ningún registro que indique que el terreno tenga un fin público o esté destinado para otro uso. Esto ha incrementado las dudas sobre el origen de la solicitud.
En Santa Rosa 1 viven alrededor de 280 familias, lo que representa a más de mil personas entre adultos, jóvenes y niños. Todas ellas participaron esta mañana en una manifestación con carteles y arengas para exigir que se respete su derecho a vivienda y su permanencia en el lugar.
La asociación reiteró que continuará con las acciones legales y administrativas necesarias para impedir cualquier intento de desalojo que consideren irregular, y pidieron a las autoridades garantizar un proceso transparente y respetuoso de sus derechos.
