Veintidós psicólogos, psicólogas y trabajadores administrativos de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Morropón denunciaron irregularidades en el pago de sus salarios y la amenaza de despidos arbitrarios, pese a que un Decreto Supremo garantiza la continuidad de sus contratos hasta diciembre de este año.
Keyla Quinde Herrera, psicóloga que labora en una institución educativa del Alto Piura, señaló que el pago correspondiente al mes de octubre aún no ha sido cancelado, lo que ha afectado gravemente la economía de los trabajadores.
“Nos debieron depositar el 20 de octubre, pero hasta hoy 29 no hemos recibido ningún pago. Nos dicen que no hay presupuesto, cuando el Decreto Supremo autoriza nuestros contratos hasta diciembre”, expresó la profesional.
Según indicó, la UGEL Morropón estaría argumentando la falta de presupuesto para justificar la no renovación de contratos, lo que dejaría sin atención psicológica a miles de estudiantes de 22 instituciones educativas. La trabajadora también denunció que algunos compañeros han recibido “cartas de agradecimiento”, documento que en la práctica representa un despido. A ello se suma la preocupación por la falta de comunicación y transparencia por parte del director de la UGEL Morropón, Arturo Javier Pallete Reto.
“Nosotros brindamos acompañamiento emocional, atención a casos de violencia escolar y apoyo en orientación vocacional. Si nos despiden, los alumnos se quedarán sin este soporte tan necesario. Se nos prometió que hoy se haría el depósito, pero no hay ningún comunicado ni se nos ha convocado para firmar adendas. Sentimos que están violando nuestros derechos laborales”, añadió Quinde.
La psicóloga precisó que la situación afecta no solo a su gremio, sino también al personal de vigilancia y servicios generales, quienes enfrentan las mismas demoras y riesgos de despido.
Finalmente, Quinde hizo un llamado a las autoridades del Gobierno Regional de Piura y de la Dirección Regional de Educación (DRE) para que se atienda este problema que —asegura— se repite desde hace varios años.
“Pedimos a la DRE y al Gobierno Regional que intervengan. No solo por nosotros, sino por los estudiantes y las familias que se benefician de nuestra labor”, exhortó.
