A las afueras de la Corte Superior de Justicia de Piura, trabajadores del Poder Judicial acatan un paro nacional de 48 horas como parte de una medida de protesta convocada por el Sindicato de Trabajadores del Distrito Judicial de Piura (SITRADJUP).
Los manifestantes demandan el pase de trabajadores CAS al régimen 728, el pago del cuarto tramo de la escala remunerativa y el rechazo a la reforma judicial intervencionista. Además, exigen que la presidenta de la Corte Suprema, Inés Tello, remita el informe técnico y el marco normativo que permitan viabilizar estos proyectos.
“Estamos en pie de lucha porque tenemos dos proyectos elaborados por la presidenta del Poder Judicial, pero ahora están siendo observados por el congreso porque no existe un informe técnico, un marco normativo, por eso queremos realidades. , señaló Pilar Saavedra Zurita, secretaria general del sindicato.
A nivel regional, el 95% de los trabajadores está acatando la medida, que incluye la paralización de procesos ordinarios y sumarísimos, mientras que solo se mantienen atendidos los órganos de emergencia y reos en cárceles.
“Hemos sido muy conscientes. Hay órganos de emergencia que sí se están atendiendo. Los reos en cárcel se están atendiendo, también infractores. No estamos obstaculizando en esta oportunidad porque somos comprensibles de que la libertad de las personas es importante”, afirmó Saavedra.
Los trabajadores también alertaron que, si no se logra un acuerdo, se podría iniciar una huelga indefinida a nivel nacional desde el 12 de noviembre. Sin embargo, recalcaron que prefieren agotar la vía del diálogo con la presidenta de la Corte Suprema antes de llegar a esa instancia.
“Este es el clamor de los trabajadores, merecemos calidad humana. Detrás de nosotros hay familias, hijos en universidades, menores en colegios y personas con estado de salud delicado”, indicó la sindicalista, enfatizando la dimensión social del conflicto.
Melina Mendoza, trabajadora del Poder Judicial con 25 años de servicio, explicó que los fondos directamente recaudados por la institución podrían cubrir los pagos pendientes, pero la ausencia del informe técnico bloquea la implementación de los proyectos.
“El año pasado los saldos presupuestales se dirigieron a los sueldos de los magistrados, dejando en riesgo nuestro cuarto tramo. Hoy estamos en esta lucha por ese tramo y por el pase de nuestros compañeros CAS a 728”, afirmó Mendoza, evidenciando la preocupación de los trabajadores sobre la correcta distribución de los recursos.
Hasta el momento, la Corte Superior de Justicia de Piura no ha emitido pronunciamiento ante la medida, y los sindicalistas mantienen la protesta para exigir soluciones inmediatas.
