La reciente aprobación de la ley que regula a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) denota un retroceso preocupante en la consecución de leyes en favor de la ciudadanía. Por el contrario, esta ley sólo precariza el futuro laboral y económico de miles de jóvenes peruanos.
Esta normativa -impulsada por la bancada fujimorista y promulgada muy tranquilamente por el gobierno de Dina Boluarte-, evidencia una falta de compromiso real con la protección de los derechos de las nuevas generaciones, quienes son los principales afectados por las consecuencias financieras que deja esta ley.
Es cierto que se requiere una reforma en el sistema de pensiones, pero no esta norma. Se requiere de un análisis más profundo, que permita ver al afiliado y aportante como el ente vital de este sistema y no como una mercancía. Se requiere de una mayor competencia, un mercado abierto para lograr pluralidad y libertad en la elección. Urge regulaciones desde el Estado, a fin de mejorar las pensiones de los aportantes, y que den como consecuencia pensiones dignas al momento de jubilarse.
Sin embargo, esta ley resulta ser todo lo contrario. La norma sólo es un candado para próximos retiros, sobre todo para los menores de 40 años. Los trabajadores independientes que emiten recibos por honorarios también son obligados a tributar del 2 al 5%, un porcentaje ínfimo que en nada incrementará el fondo de pensiones de los independientes. Lo único que hará será perjudicar sus ingresos. Un verdadero robo para una economía precaria instalada desde que este gobierno asumió el poder.
Incluso, especialistas estiman que los jóvenes perderán hasta un 20% de sus aportes en el futuro cercano, debido a las comisiones elevadas y la baja rentabilidad que mantienen estos fondos, bajo el esquema vigente de esta ley.
Pero el mayor robo de todos es la miserable pensión que anuncia esta nueva norma: 600 soles para los afiliados, sólo si aportaste durante 20 años seguidos. Esta cláusula se contradice con la realidad peruana, en la que los trabajadores no tienen una estabilidad laboral constante, debido a los vaivenes propias de este mercado económico laboral. Además, la ley está pensada para que las y los jubilados reciban sus pensiones más allá de los 100 años, cuando la expectativa de vida se encuentra entre los 75 y 85 años de edad.
Entonces, se preguntará usted, ¿qué pasará con mi fondo si fallezco? Muy simple. Las AFP le entregarán a uno de sus familiares entre el 5 y 10% de sus fondos. Sí, entre el 5 y 10%. Es decir, si con mucho esfuerzo llegó a recibir 600 soles de pensión, a su fallecimiento su pensión cambiará drásticamente a 60 soles, en el mejor de los casos. ¡Un verdadero robo! Y es que las AFP nunca pierden, no con bancadas como los fujimoristas de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, quienes prefieren beneficiar al poder económico que proteger al pueblo.
El gobierno de Dina Boluarte, en un momento político sumamente delicado y con más del 95% de rechazo, decidió alinearse con los intereses fujimoristas. Pasó por alto el debate transparente y la búsqueda de consensos con la sociedad civil, y optó por respaldar un proyecto que favorece a las AFP, un sector con un historial cuestionado y con una escasa contribución a la mejora del sistema pensionario.
No olvidemos que esta ley también trae algunas trampas poco mencionadas, como el aporte que deberá dar el Estado. Es decir, si un afiliado no logra alcanzar una pensión de 600 soles con todos sus aportes, las AFP solicitarán al Estado que complete la cifra. ¿Y de dónde saldrá el dinero? Pues, de todos los peruanos. Es decir, además de que las AFP reciben un 2% de comisión por administrar nuestro propio dinero, y de no ser beneficiados con la rentabilidad que reciben en el mercado extranjero, simplemente la falta de dinero la aportarán los peruanos y peruanas.
Entonces, cabe la pregunta, ¿cuál es la reforma de este sistema de pensiones que tanto prometieron los fujimoristas? Lo único que se percibe es que las AFP serán las únicas beneficiadas.
Las cifras son claras y alarmantes. Sólo en los próximos 5 años, los jóvenes podrían ver una reducción considerable en su fondo acumulado, afectando directamente su calidad de vida cuando llegue el momento de jubilarse.
Y como el calculo político no puede faltar, organizaciones políticas como Fuerza Popular (FP), Alianza Para el Progreso (APP) y Renovación Popular (R) emitieron comunicados para rechazar esta ley de las AFP. ¿Acaso, ahora están en contra de una norma que ellos mismos aprobaron? Claro, estamos de cara a las elecciones generales del próximo 2026, y lo que buscan estos partidos, con el fujimorismo a la cabeza, es quedar como luchadores sociales. Nada más alejado de la verdad. Estos partidos y sus bancadas en el Congreso impulsaron y aprobaron la ley de las AFP, sabiendo que le hacían daño al país. Que ahora pretendan sacudirse la responsabilidad y quieran lavarse las manos, ése es otro cantar.
Recordemos que en estas próximas elecciones generales, asistirán a las urnas por primera vez poco más de 2 millones de jóvenes. Además, 17 millones de jóvenes votará por primera vez para un Congreso Bicameral. Las cifras son altas, y ha puesto a pensar a los fujimoristas y a sus aliados del pacto. Por ello, prefieren negar su responsabilidad y culpar al Ejecutivo. Pero aquí, ambos tienen responsabilidad por hundir al país.
En definitiva, esta ley no solo representa un golpe para los derechos laborales y económicos de la juventud, sino una muestra más de cómo ciertos sectores políticos, como el fujimorismo, y Ejecutivo de Dina Boluarte prefieren proteger intereses corporativos frente a las necesidades de la población.
La juventud peruana merece un sistema de pensiones que garantice un futuro digno, no una ley que profundice la desigualdad y la incertidumbre. Esta decisión debe ser revisada y corregida para evitar que las próximas décadas sean un periodo de precariedad y sacrificio para quienes reciben la tarea de construir el país.
