Por: Oscar Altamirano, coordinador de Prensa de Cutivalú

El 2026 será el año en que nuevamente confluyen dos procesos electorales trascendentales: las elecciones generales y las elecciones regionales y municipales. Sin embargo, estos procesos vuelven a mostrar el terrible deterioro de nuestra política peruana. 

Existen 38 organizaciones políticas inscritas, entre partidos y alianzas, lo que genera no sólo un panorama abrumador sino una democracia insuficiente y agonizante. Esto se traduce en casi 10 mil candidatos y candidatas, el número más alto de la historia republicana. ¿Considera que esto es democracia? En absoluto. Sólo es el reflejo de intereses personalísimos de nuestros congresistas, quienes destruyen la norma electoral para poder lograr votos desorientados. 

«En el caso en alcaldes y gobernadores que quieren postular en las elecciones generales, la fecha para renunciar a sus cargos es el próximo 13 de octubre del 2025»

Y en este mar de candidaturas, también se acerca la fecha límite para que las actuales autoridades, sean alcaldes o gobernadores, renuncien a sus puestos para que puedan postular. En el caso en alcaldes y gobernadores que quieren postular en las elecciones generales, la fecha para renunciar a sus cargos es el próximo 13 de octubre del 2025. Pero si la postulación es para las elecciones municipales y regionales, las autoridades locales deberán renunciar en abril del 2026. Y aquí viene la salsa.

La práctica tan habitual de renunciar al cargo de alcalde o gobernador para poder postular sólo nos recuerda la poca seriedad de la autoridad en cuestión. Estas autoridades prefieren abandonar sus responsabilidades antes de dar la cara por la ciudadanía hasta el fin de su periodo. 

«Durante sus campañas políticas, los políticos lanzan promesas y propuestas de un buen gobierno durante los 4 años de gestión, pero pierden la coherencia y el respeto a las y los ciudadanos que los eligieron, abandonando el cargo 12 o 18 meses antes»

Durante sus campañas políticas, los políticos lanzan promesas y propuestas de un buen gobierno durante los 4 años de gestión, pero pierden la coherencia y el respeto a las y los ciudadanos que los eligieron, abandonando el cargo 12 o 18 meses antes. Ésta es la práctica incómoda de cada proceso electoral. ¿Y cuál es el significado de esto? Pues, que el interés por un cargo público supera al del bienestar de la población. Queda claro que se anteponen los intereses personales a los de la sociedad. Veamos un caso concreto. 

No es un secreto que Gabriel Madrid, actual alcalde de Piura, ambiciona el gobierno regional. Llegó como alcalde de Tambogrande, para luego ser alcalde provincial. Y ahora apunta al GORE. Sin embargo, las gestiones en cada paso no dejan más que cuestionamientos. Obras inconclusas, proyectos cuestionados y gestiones plagadas de irregularidades, todo ello, acompañado de funcionarios que ya se encuentran en la mira de la Contraloría y del Ministerio Público.

En el caso del gobernador regional Luis Neyra, la situación no es tan diferente. Aunque en una actividad pública ha señalado que no postulará en el próximo proceso electoral, se comenta que su intención es participar como candidato a la alcaldía de Piura. Tal vez por eso prefiere redirigir el enorme presupuesto de toda la región Piura en obras de pistas y veredas y polideportivos de la ciudad de Piura, desatendiendo las demás provincias. 

«Las autoridades han decidido poner sus aspiraciones personales por encima de las necesidades urgentes de sus jurisdicciones. Renuncian ahora, en plena crisis, cuando los problemas estructurales de la región clama por soluciones y liderazgo»

Los alcaldes distritales de Castilla y Veintiséis de Octubre van en el mismo rumbo. Sin embargo, sus gestiones se encuentran mal vistas por la ciudadanía, que reprocha y cuestiona la ausencia de obras trascendentales para sus sectores y la falta de cercanía con el pueblo. Básicamente, lo que hemos visto de las actuales autoridades hasta ahora es autoritarismo y portátiles, física y digitalmente.

Y en este rumbo, estas autoridades han decidido poner sus aspiraciones personales por encima de las necesidades urgentes de sus jurisdicciones. Renuncian ahora, en plena crisis, cuando los problemas estructurales de la región clama por soluciones y liderazgo. 

Cabe preguntarse y analizar: ¿Acaso la oportunidad electoral es más importante que el bienestar de miles de piuranos que esperan acceso a servicios básicos, seguridad y desarrollo? Usted mismo tiene la respuesta. Sólo basta mirar a la calle, el incremento del sicariato, y las obras inconclusas o que nunca llegan.

«Piura no merece ser escenario de ambiciones personales disfrazadas de aspiraciones políticas. Sus líderes deben dejar de jugar con las prioridades de una comunidad que sigue esperando respuestas concretas»

La ciudadanía ve con indignación cómo estas figuras políticas, a quienes se les entregó el poder para hacer un cambio real, optan por abandonar sus puestos a meses de concluir un periodo marcado por gestiones cuestionadas precisamente por su falta de resultados. ¿Dónde queda la responsabilidad política y social? 

La excusa de que la ley los obliga a renunciar para postular no los exime de la crítica. La mayoría actúa sólo cuando la ventana electoral apremia. Poco importa el daño directo a toda una región. Sin embargo, continuamos viendo cómo nuestras autoridades priorizan las candidaturas y campañas políticas sobre la gobernanza. Oportunismo le llaman algunos. 

Esto, en definitiva, es una traición a la democracia y una afrenta enorme a una población que no merece más promesas incumplidas.

«Esta fecha límite, lejos de ser sólo un trámite, debe marcar el inicio de un debate profundo sobre la responsabilidad y el compromiso que deben regir la gestión pública»

Piura no merece ser escenario de ambiciones personales disfrazadas de aspiraciones políticas. Sus líderes deben dejar de jugar con las prioridades de una comunidad que sigue esperando respuestas concretas, mientras ellos enfocan sus energías en trazar mapas electorales en vez de soluciones para sus pueblos.

Esta fecha límite, lejos de ser sólo un trámite, debe marcar el inicio de un debate profundo sobre la responsabilidad y el compromiso que deben regir la gestión pública. Hasta entonces, la desconfianza seguirá ganando terreno, y los más perjudicados serán siempre los ciudadanos.