La comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos, integrada por más de 10,000 comuneros descendientes del pueblo Tallán, enfrenta un conflicto histórico marcado por despojo, tráfico de tierras y violencia. La disputa, que compromete su derecho ancestral sobre más de 360,000 hectáreas, se ha agudizado en los últimos meses y mantiene a decenas de familias en protesta frente al Poder Judicial.
Los comuneros señalan a empresas vinculadas al extinto Sodalicio de Vida Cristiana como responsables del tráfico de al menos 100,000 hectáreas de su territorio.
“Hemos venido a hacer este plantón para exigir al Poder Judicial que dé trámite a la acción de amparo respecto de nuestras tierras, que es injusto que nos quieran arrebatar empresas ligadas a una institución religiosa católica ya cuestionada por el papa Francisco. Queremos que las tierras de la comunidad se devuelvan”, expresó Marcelino Inga, comunero.
Inga recalcó que no buscan favores, sino justicia, y demandó respeto a su territorio comunal, advirtiendo que el proceso se ha dilatado más allá de un plazo razonable. Representantes de diversas bases participaron en la protesta, reiterando que su principal exigencia es la devolución de las tierras.
Retraso en la acción de amparo
En febrero de este año, la comunidad presentó una acción de amparo para recuperar 10,000 hectáreas que, según denuncian, fueron usurpadas en 1998. Sin embargo, el Poder Judicial declaró improcedente la demanda en primera instancia, argumentando que la vía constitucional no era la adecuada y que debía recurrirse al fuero civil, lo cual podría prolongar el proceso por años. Ante ello, los comuneros apelaron la decisión y exigen que la sala respectiva emita un pronunciamiento con celeridad.
“Ya tiene un promedio de tres meses la acción de amparo que hemos presentado, y el plazo mínimo para darnos respuesta es de 20 días hábiles. Son tres meses y no lo resuelven. Que nos digan que no, al menos, para pasar al siguiente tramo y ver hasta dónde vamos a llegar”, agregó Inga.
Protesta y exigencias
Pavel Labán, abogado del IDL, advirtió que si sus demandas no son atendidas en el Poder Judicial, los comuneros llevarán sus reclamos a instancias internacionales. Además, exigen que se investigue a fondo a las empresas vinculadas al Sodalicio, al que responsabilizan de ser el origen del conflicto. También solicitan convocar elecciones para renovar la dirigencia comunal y actualizar el padrón, requisito indispensable para fortalecer su representación legal.
Mientras tanto, la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos espera que el Poder Judicial actúe con imparcialidad y resuelva un caso que no solo involucra tierras, sino también la vida y dignidad de miles de familias indígenas.
“Recordemos que también las múltiples empresas a las que hemos demandado son empresas que están vinculadas al sodalicio de vida cristiana. El sodalicio es una organización religiosa que fue disuelta por el Papa Francisco hace algunos meses y que ha tenido como una serie de actividades empresariales también dentro del territorio comunal y que ha despojado a los comuneros de la posibilidad de vivir y de ejercer su derecho al territorio comunal” finalizó Labán.
