Un feminicidio es el asesinato de una mujer por motivos de género, perpetrado generalmente por hombres en contextos de violencia machista o discriminación. Las circunstancias que envuelven a un feminicidio son la violencia familiar, psicológica, física y sexual, el acoso sexual, discriminación de género, o relaciones de poder desiguales en la familia, como en casos de pareja, expareja o rechazo a seguir teniendo una relación de pareja. Por eso es importante anotar aquí que donde hay feminicidios, hay violencia contra las mujeres y otros miembros de la familia, hay machismo, hay menos valoración a las mujeres como personas, hay relaciones desiguales entre los hombres y las mujeres, hay problemas de salud mental masculina.
La Defensoría del Pueblo alertó recientemente sobre el alarmante aumento de feminicidios y desapariciones de mujeres en el Perú durante el primer semestre de 2025. Hasta la primera semana de agosto, se registraron 78 casos de feminicidio, un 11.4% más que los 70 casos reportados en el mismo período de 2024. Esta semana en Piura cerramos con dos casos más, una en La Arena que ha conmocionado a toda la región y otra ocurrida en la carretera Piura-Sullana. A estos se suma un feminicidio en San Juan de Miraflores, Lima, evidenciando la magnitud de esta crisis.
«Hasta la primera semana de agosto, se registraron 78 casos de feminicidio, un 11.4% más que los 70 casos reportados en el mismo período de 2024»
¿Qué nos está pasando? Esta pregunta debe interpelarnos a todos los peruanos y peruanas. La violencia, en cualquiera de sus formas y sin importar quién sea la víctima, no es justificable ni tolerable, especialmente cuando arrebata vidas. Ninguna forma de violencia debe ser normalizada; por el contrario, debe generar indignación, escándalo, rechazo y movilización contra quienes la perpetran y quienes la permiten. ¿Por qué nuestra sociedad peruana, construida sobre bases patriarcales donde el hombre ejerce control, sigue perpetuando estas dinámicas?
¿Qué nos preocupa de este panorama?
En primer lugar, la alta tolerancia de hombres y mujeres mayores de 18 años a la violencia contra las mujeres. Según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES 2024), el 75.5% de la población peruana tolera la violencia contra las mujeres. En Piura, esta cifra asciende al 78.8%. Esto significa que 8 de cada 10 personas consideran «normal» agredir a una mujer. Además, el 69.7% de hombres mayores de 18 años justifica la violencia sexual, y en Piura, el 69% tolera este tipo de violencia. Normalizar la violencia no es aceptable; es un problema de salud mental y social.
«Según ENARES 2024, el 75.5% de la población peruana tolera la violencia contra las mujeres. En Piura, esta cifra asciende al 78.8%. Esto significa que 8 de cada 10 personas consideran «normal» agredir a una mujer»
En segundo lugar, preocupa el retroceso en la lucha contra la violencia de género. El Estado peruano muestra un alarmante debilitamiento en sus políticas de igualdad. Iniciativas legislativas como el proyecto para renombrar el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a «Ministerio de la Familia» y la Ley N° 31498 (2022), que permite a asociaciones de padres vetar materiales educativos, restringen el enfoque de género en las escuelas, limitando la enseñanza sobre violencia de género.
Asimismo, la Ley N° 32003 (2024) que elimina el lenguaje inclusivo en textos escolares y documentos públicos, invisibilizando a las mujeres y socavando los avances hacia la igualdad. Además, leyes que debilitan la paridad y alternancia en candidaturas a cargos políticos refuerzan la discriminación contra las mujeres, amenazando su representación en espacios de poder.
«Es alarmante que funcionarios denunciados por violencia contra mujeres, como el presidente de la JNJ, el actual presidente del Congreso, o policías y docentes, permanezcan en cargos clave o sean reubicados en lugar de ser sancionados»
En tercer lugar, preocupa la tolerancia institucional a agresores de mujeres. Es alarmante que funcionarios denunciados por violencia contra mujeres, como el presidente de la Junta Nacional de Justicia, el actual presidente del Congreso, o policías y docentes, permanezcan en cargos clave o sean reubicados en lugar de ser sancionados. Esta impunidad refuerza la normalización de la violencia contra la mujer.
La violencia de género y los feminicidios son un reflejo de una sociedad que aún no logra desmantelar el patriarcado. Es imperativo que el Estado, las instituciones y la ciudadanía actúen con urgencia para prevenir estas tragedias, promoviendo una educación con enfoque de género, sancionando a los responsables y rechazando cualquier forma de violencia. La indignación debe transformarse en acción, en exigencia, en el voto eligiendo personas que no tengan denuncias de violencia.
