En el contexto actual del Perú, la persistencia de denuncias por violencia de género por parte de figuras públicas de alto nivel, quienes deberían cumplir un perfil ya que son quienes gestionan el destino del país. Me refiero, por ejemplo, tal como se ha difundido por los diversos medios de comunicación a ministros en el 2024, los entonces ministros Morgan Quero (Educación) y Ángela Hernández (Mujer) generaron controversia al referirse a casos de violencia sexual en comunidades awajún como «prácticas culturales», pero que no tuvieron ningún tipo de sanción por parte del gobierno de la Sra. Dina Boluarte o de quien corresponda; así también, el ex ministro de economía y finanzas- José Salardi, tiene denuncia por violencia contra la mujer. Gino Ríos Patio, presidente de la Junta Nacional de Justicia, también tiene denuncia de esta naturaleza, por más que intente justificar.
La violencia, no se justifica. De la misma manera congresistas, como José Jerí Oré (Somos Perú): presidente del Congreso en 2025, enfrenta una denuncia por presunta violación sexual presentada el 30 de diciembre de 2024, tras un incidente en una reunión social en Canta, Lima. La Fiscalía archivó el caso en agosto de 2025; Paul Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial); Carlos Enrique Alva Rojas (Acción Popular); Juan Carlos Lizarzaburu (Alianza para el Progreso); Ernesto Bustamante Donayre (Fuerza Popular); Eduardo Castillo Rivas (Fuerza Popular); la lista es realmente grande. Estas acusaciones, muchas de las cuales no han avanzado en la Comisión de Ética del Congreso, evidencian una falta de rendición de cuentas que perpetúa la impunidad. Esto sin duda constituye una vergüenza para nuestro país.
En ese contexto, señalar que estas personas que conducen nuestro país, tristemente representan un grave obstáculo, un grave riesgo frente a la lucha contra esta problemática de la violencia contra las mujeres, que es estructural. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), solo en enero de 2025 se reportaron 17 casos de feminicidio y más de 500 denuncias por violencia, concentradas en regiones como Moquegua, Arequipa y Apurímac, y Piura no se queda a tras en lo que va del año 2025 ya son más de 4mil casos registrados. Estas cifras reflejan una crisis que se agrava cuando las autoridades, que deberían ser referentes de integridad y compromiso con la igualdad, enfrentan acusaciones por violencia sexual, psicológica o incumplimiento de responsabilidades institucionales, familiares, como la manutención o el reconocimiento de hijos e hijas.
La presencia de autoridades, funcionariado con antecedentes de este tipo no solo debilita la confianza ciudadana en las instituciones y de la población en general, sino que también obstaculiza el cierre de las brechas de desigualdad y violencia de género. La Defensoría del Pueblo ha enfatizado la necesidad de fortalecer el Sistema Nacional Especializado de Justicia para enfrentar esta problemática, cuya implementación aún está incompleta. Para reducir estas brechas, es urgente que el Estado priorice la selección de funcionariado con trayectorias intachables, refuerce los mecanismos de sanción y promueva una cultura de respeto e igualdad desde las más altas esferas del poder. Así también una tarea pendiente, que la verdad es un gran reto educar e informar a la población, para no seguir eligiendo a estas personas que son venenosas para nuestro país. Solo así se podrá avanzar hacia una sociedad justa y libre de violencia de género.
