Por: Wilmer Fernández, director de Cutivalú
En el Perú actual, la democracia se ha reducido a un eco lejano, una palabra desprovista de significado por las acciones del Congreso de la República y la presidenta Dina Boluarte. La coalición gobernante está conduciendo al país hacia una dictadura, tejiendo un manto de miedo y terror que menosprecia la vida de peruanos y peruanas en nombre de una justicia arbitraria, caprichosa y deshumanizada.
La reciente ley que exime de responsabilidad a quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos no es solo un retroceso; es una afrenta directa a las víctimas y una glorificación de la impunidad. La promulgación de esta ley de amnistía por parte de la presidenta Boluarte revela el desprecio de esta coalición hacia el pueblo peruano.
«El Congreso, en complicidad con la presidencia, ha configurado un régimen que parece valorar más la vida de asesinos y violadores que la de sus víctimas»
El Congreso, en complicidad con la presidencia, ha configurado un régimen que parece valorar más la vida de asesinos y violadores que la de sus víctimas. Nombres como Telmo Hurtado, Martín Rivas, Jesús Antonio Sosa (“Kerosene”) o Carlos Pichilengue, vinculados a los crímenes del grupo Colina y otras masacres, son elevados a la categoría de “héroes” por una legislación que legitima la barbarie y la violencia de Estado.
Las matanzas de Cayara, Accomarca, Cabitos, Putis y Santa Bárbara, junto con los abusos sexuales en Mazamari, Manta y Vilca, quedarán impunes. Según datos oficiales, 756 crímenes atroces, de los cuales 156 cuentan con sentencia y 600 están en proceso, involucrando a unos 300 policías y militares, incluyendo a figuras como Vladimiro Montesinos, se desvanecerán en el olvido gracias a esta ley.
Esta ley de amnistía a militares violadores de derechos humanos no solo perpetúa la injusticia, sino que envía un mensaje escalofriante: el Estado prioriza silenciar a la ciudadanía mediante el miedo, utilizando a las fuerzas armadas para generar terror en lugar de proteger a los más vulnerables. El Estado peruano invierte más en acallar al pueblo que en combatir la criminalidad.
«756 crímenes atroces -de los cuales 156 cuentan con sentencia y 600 están en proceso, involucrando a unos 300 policías y militares, incluyendo a figuras como Vladimiro Montesinos- se desvanecerán en el olvido, gracias a esta ley»
La vida de niños, niñas y mujeres, tratados con desprecio, queda relegada frente a la defensa de quienes, desde una empatía atrofiada, promueven una cultura de negación de derechos. Esta falta de empatía no se limita a los políticos que buscan impunidad para sus “héroes” cleptocráticos; también se refleja en un sector de la ciudadanía que muestra mayor compasión por los victimarios que por las víctimas, un fenómeno profundamente peligroso que amenaza con vaciar la democracia como sistema basado en el estado de derecho.
Es inaceptable que quienes asesinaron a campesinos, mujeres y niños formaran parte de las fuerzas armadas. No eran servidores del pueblo, sino individuos que abusaron del poder otorgado por el Estado. Un militar o policía verdadero servidor de la patria no necesita leyes de impunidad para actuar con honor y tener reconocimiento ciudadano por su servicio. Sus actos hablan de su vocación de servicio a la patria. Matar a un niño o una niña, que no representan ninguna amenaza, no es un acto de valentía, sino de cobardía y psicopatía.
«Matar a un niño o una niña, que no representan ninguna amenaza, no es un acto de valentía, sino de cobardía y psicopatía»
Si, como algunos podrían argumentar, estos individuos no eran libres al decidir disparar, entonces no eran aptos para portar un uniforme. Las fuerzas armadas no deben ser refugio para quienes carecen de juicio moral. Aquellos militares criminales jamás debieron ser parte de las fuerzas armadas.
La justicia, pilar fundamental de una democracia, no puede basarse en el olvido ni en fingir que las atrocidades no ocurrieron. El perdón, si ha de existir, debe llegar tras la justicia, no antes. Sin justicia, el perdón es una revictimización, una bofetada a quienes aún lloran a sus muertos. Quienes cometieron estos crímenes deben asumir la responsabilidad de sus actos. La empatía debe estar del lado de los vulnerables, no de quienes tuvieron el poder de evitar la injusticia y optaron por perpetrarla.
«El Perú merece un gobierno que defienda la vida, la justicia y los derechos de todos, no uno que nos arrastre de vuelta al terror. Es hora de alzar la voz y exigir que la democracia deje de ser una palabra vacía»
Permitir que 756 crímenes queden impunes es traicionar la memoria de las víctimas y condenar al Perú a un ciclo interminable de violencia e injusticia. ¿Qué mensaje envía un Estado que glorifica a los victimarios mientras ignora el dolor de los más débiles? Defender a estos criminales es tan absurdo como confiar en que un psicópata no hará daño al convivir con nuestros hijos.
El Perú merece un gobierno que defienda la vida, la justicia y los derechos de todos, no uno que nos arrastre de vuelta al terror. Es hora de alzar la voz y exigir que la democracia deje de ser una palabra vacía. La justicia no puede esperar, y las víctimas no deben ser silenciadas nuevamente.
