La agrupación política universitaria Dignidad Universitaria de la Universidad Nacional de Piura (UNP) interpuso una acción de amparo ante el Poder Judicial con el fin de revertir la anulación de las elecciones rectorales realizadas el 8 y 9 de julio, en las que el Dr. José Ordinola Boyer resultó ganador con el 52,76 % de votos frente al 47,34 % de Enrique Cáceres Florián.
El 14 de julio, el presidente del Comité Electoral, Vicente Paredes Muro, declaró nulo el proceso alegando presuntas irregularidades. Sin embargo, para el catedrático Lucio Arana, miembro de Dignidad Universitaria, dichas irregularidades no están contempladas en el artículo 38 del reglamento de elecciones como causal de nulidad. Asegura que informes de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de Prevención del Delito y la Oficina de Procesos Electorales desvirtúan las denuncias.
“No había mérito para anular las elecciones. La resolución carece de acta, no fue producto de una citación ni de un acuerdo colegiado y solo fue firmada por el presidente del Comité Electoral”, afirmó Arana, quien también cuestionó la validez del quórum, señalando que la representación estudiantil superaba el tercio permitido por la Ley Universitaria.
El proceso judicial sigue en curso
La acción de amparo fue inicialmente declarada inadmisible por el Juzgado de Castilla, pero tras subsanar observaciones fue admitida y notificada a Vicente Paredes Muro. Arana desmintió versiones que afirmaban que el Poder Judicial no había dado trámite a la demanda y anunció que el 16 de septiembre se realizará la vista de causa, donde exigirán la presentación del acta de anulación “que no existe”.
Denuncias penales adicionales
En paralelo, la Dra. Socorro Granda presentó dos denuncias penales por presuntos delitos de fraude procesal, falsedad y atentado contra el derecho a elegir y ser elegido. Los denunciados son Vicente Paredes Muro, un docente identificado como Izquierdo y tres estudiantes de la Facultad de Minas que integraban el Comité Electoral.
Según Arana, los estudiantes denunciados no han sido ubicados. “Al ser adultos, deben responder por sus actos. Pueden ser destituidos como estudiantes de la UNP y del sistema universitario. Hacemos un llamado a sus padres para que los pongan a derecho y digan la verdad”, concluyó.
