El conflicto legal entre la Asociación Nuevo Amanecer y el Poder Judicial mantiene en alerta a cientos de vendedores. Ellos denuncian que, a pesar de haber comprado el terreno y pagado más de 200 mil soles en impuestos prediales, una decisión judicial podría dejarles sin su lugar de trabajo.
El dirigente de la asociación, José Aguirre Lazo, explicó que el predio fue adquirido hace más de 15 años y que la compra fue validada por gestiones municipales anteriores.
“No entendemos porque el Poder Judicial se opone, nos causa extrañase, porque debería de resolver los conflictos y no crearlos”, señaló Aguirre.
Según Aguirre, la disputa comenzó en los últimos días de la gestión del exalcalde Juan José Díaz, cuando su asesor legal presentó una demanda de nulidad de actos jurídicos contra la compra del terreno.
“Por parte de la municipalidad la venta se hizo correctamente, pero cuando ya finalizaba la gestión, se presentó la nulidad y eso nos sorprendió”, afirmó.
Municipalidad actual reconoce error
La actual administración, encabezada por el alcalde Gabriel Madrid, reconoció que la gestión anterior cometió un error, retiró el proceso judicial y firmó un acuerdo conciliatorio con los comerciantes. Pese a ello, la Primera Sala Civil de Piura declaró improcedente tanto el desistimiento como el acuerdo, decisión emitida mediante la Resolución 15 del expediente 0830-2021.
Abogado denuncia irregularidades
El abogado Waldir Reyes Santivañez calificó el fallo como “antitécnico” y advirtió que podría deberse a negligencia, presión política o intereses económicos.
“Esta presunta irregularidad puede ser fruto de falta de investigación o de arbitrariedades que, lamentablemente, muchas veces están ligadas a corrupción o presiones políticas”, sostuvo.
El letrado anunció que presentará una denuncia contra los integrantes de la Primera Sala Civil ante el órgano de control de la magistratura.
Temen perder el terreno
El mercado Nuevo Amanecer está ubicado en la avenida Sánchez Cerro, una de las zonas más comerciales de la ciudad. Los comerciantes temen que, si se anula la venta y el predio se subasta, grandes consorcios lo adquieran y ellos sean desplazados. La situación afecta a 400 comerciantes y a más de mil personas que dependen de sus actividades.
