Hoy se cumplen 34 años del autogolpe de Estado que infringió el entonces presidente del Perú, Alberto Fujimori. Con total autoritarismo, El jefe de Estado dispuso el cierre del Congreso, para luego invadir de corrupción múltiples instituciones públicas.
El 5 de abril de 1992 marcó un quiebre decisivo en la historia del Perú. Aquella noche, el dictador Alberto Fujimori anunció la disolución del Congreso, la intervención del Poder Judicial y la reestructuración de diversas instituciones del Estado. Este hecho pasaría a la historia como el Autogolpe de 1992 en el Perú.
¿Pero cómo se llegó a este terrible hecho? Con respaldo de las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo concentró el poder. Su justificación fue señalar que era necesario cerrar el parlamento para enfrentar la crisis económica y la violencia subversiva. Sin embargo, lo que realmente sucedió fue que Alberto Fujimori fracturó el orden democrático del país.
Desde una perspectiva política, el autogolpe debilitó profundamente la institucionalidad del país. La separación de poderes quedó suspendida de facto, y se instauró un modelo de gobierno autoritario que, si bien mantuvo una fachada electoral en los años posteriores, operó con amplias restricciones a la oposición y a la prensa independiente.
La nueva Constitución de 1993, promovida bajo este contexto, consolidó un presidencialismo fuerte y permitió la reelección inmediata, lo que facilitó la permanencia de Fujimori en el poder. Pero lo más peligroso de esta situación fue que el fujimorismo implantó la idea de que la democracia se podía suspender si el país entra en algún tipo de crisis.
No se trató únicamente de una medida excepcional frente a una crisis, como se argumentó en su momento, sino de la instauración de un modelo político donde la concentración del poder se convirtió en práctica aceptada.
El legado más profundo del 5 de abril de 1992 no es jurídico, sino cultural: la normalización del autoritarismo como vía “eficiente” de gobierno.
Consecuencias
En el plano económico, el autogolpe tuvo efectos ambivalentes, pero más que todo destructivos. Por un lado, se pusieron en práctica reformas estructurales de corte neoliberal: privatizaciones, apertura de mercados y disciplina fiscal. Se intentaba estabilizar la economía tras años de hiperinflación y recesión. Sin embargo, este proceso también estuvo marcado por una débil fiscalización, la concentración de riqueza y cientos de denuncias de corrupción a gran escala, muchas de ellas vinculadas al entorno presidencial y a la red de inteligencia liderada por Vladimiro Montesinos, el asesor que dirigía el país desde las sombras.
Las consecuencias sociales fueron igualmente nocivas para las y los peruanos. Si bien el Estado logró avances significativos en la lucha contra grupos terroristas como Sendero Luminoso, lo hizo en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos. Casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta evidenciaron el costo humano de una estrategia contrasubversiva sin controles democráticos. Al mismo tiempo, amplios sectores de la población, especialmente en zonas urbanas populares, respaldaron inicialmente el autogolpe, cansados de la inestabilidad política y económica. Este apoyo, sin embargo, fue erosionándose con el tiempo ante el autoritarismo y los escándalos de corrupción.
El 5 de abril de 1992 no fue solo una ruptura del orden constitucional. Fue, en términos sociopolíticos, un punto de inflexión que redefinió la relación entre el Estado, sus instituciones y la ciudadanía peruana. A más de tres décadas de aquel episodio, sus efectos no solo persisten, sino que se manifiestan con particular intensidad en las proximas elecciones generales 2026.
Desde una perspectiva sociológica, el impacto del golpe se puede entender en tres dimensiones estructurales
1° La fragilidad institucional crónica
El autogolpe desmanteló instituciones clave y sentó precedentes peligrosos: el Ejecutivo podía subordinar al Legislativo y al Judicial bajo el argumento de la gobernabilidad. Esta lógica no desapareció con el retorno a la democracia formal en los años siguientes. Las constantes crisis entre poderes del Estado en el Perú contemporáneo —incluyendo disoluciones del Congreso, vacancias presidenciales y confrontaciones abiertas— son, en buena medida, herederas de ese quiebre original. Se debilitó la idea de instituciones sólidas y se fortaleció una lógica de confrontación permanente.
2° La legitimación social del autoritarismo.
Uno de los elementos más inquietantes del 5 de abril fue el respaldo ciudadano inicial. Diversas encuestas de la época mostraron un apoyo significativo a la disolución del Congreso y la intervención del sistema judicial
. Este dato, lejos de ser anecdótico, revela una constante: amplios sectores de la población priorizaron el orden y la eficacia sobre la legalidad democrática. El problema no es solo el líder autoritario, sino una cultura política que tolera —e incluso demanda— soluciones de fuerza. Esa herencia sigue vigente en 2026, cuando discursos antisistema y propuestas de “mano dura” encuentran eco en el electorado.
3° La captura y politización de las instituciones
El autogolpe fujimorista de 1992 originó la reconfiguración del aparato estatal, bajo criterios de lealtad política antes que de meritocracia. Esto derivó en redes de corrupción, control de medios y debilitamiento de los mecanismos de fiscalización.
Aunque el régimen fujimorista cayó en el año 2000, la lógica de cooptación institucional no desapareció; simplemente mutó.
Hoy, organismos como el Congreso, el sistema de justicia o los entes electorales, siguen siendo percibidos por la ciudadanía como entidades que presentan altos niveles de desconfianza, precisamente porque su autonomía histórica fue vulnerada.
Es importante reconocer que el Perú de 2026 no puede entenderse sin el autogolpe 5 de abril de 1992 que hizo Alberto Fujimori.
La crisis de representación, la desconfianza ciudadana y la inestabilidad política no son fenómenos aislados ni recientes; son la prolongación de una ruptura que redefinió las reglas del juego democrático.
El golpe no solo alteró instituciones, sino que erosionó la noción misma de institucionalidad.
A más de tres décadas de distancia, el 5 de abril de 1992 sigue siendo un punto de referencia obligado para entender las tensiones entre gobernabilidad y democracia en el Perú.
El autogolpe no solo redefinió el sistema político de los años noventa, sino que dejó una huella persistente en la cultura política del país: desconfianza en las instituciones, tolerancia ambigua frente al autoritarismo y una memoria aún en disputa sobre los límites del poder.
Autor: Oscar Altamirano – Coordinador de Prensa de Cutivalú
